jueves, octubre 3, 2024
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El PP pedirá ayuda a la Fiscalía contra el auto que confirma la existencia de la ‘caja B’

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El objetivo era hacer balance de los dos años de Gobierno del Partido Popular, pero era evidente que el auto que emitió el juez Ruz el viernes pasado iba a acaparar gran parte de la atención del Comité Ejecutivo que este lunes se ha reunido en la sede nacional del partido y que ha sido presidido por Mariano Rajoy. Según fuentes ‘populares’ consultadas por ESTRELLA DIGITAL, el presidente del Gobierno no ha hecho ninguna referencia a este asunto y ha dejado en manos de su ‘número dos’ las explicaciones oportunas.

«Todas las facturas relativas a la obra que se realizó en la sede nacional del PP están sobradamente acreditadas en nuestra contabilidad». Así ha sido como la secretaria general de los ‘populares’, María Dolores Cospedal, ha dado respuesta a las conclusiones del magistrado de la Audiencia Nacional que determinó la semana pasada que existía «a nivel indiciario una cierta corriente financiera de cobros y pagos» en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2006 y 2010.

El viernes pasado, el Partido Popular ya insistió en su mantra habitual: «La contabilidad del partido es única y que es la que está en los juzgados». Y en esta misma idea ha incidido este lunes la ‘número dos’ de Rajoy, primero ante sus compañeros y a continuación ante la prensa. Cospedal ha asegurado en rueda de prensa que respeta las decisiones y actuaciones judiciales, pero en cierta manera ha insinuado que el último auto de Ruz parece atender más a los famosos ‘papeles’ elaborados por el extesorero del partido, que a la propia contabilidad del partido, en la que según la secretaria general, están perfectamente detalladas las obras realizadas en la sede nacional. Tal es así, que según ha adelantado la secretaria general del PP, el partido se va a dirigir a la Fiscalía para que revise la contabilidad 2006-2010 en la que supuestamente figuran los pagos de las obras de Génova valorados en 5.600.000 euros. «Estos pagos están documentados en facturas que obran en poder del Tribunal de Cuentas, del propio juez y de cualquiera que quiera conocerlas puesto que son públicas», ha aseverado Cospedal.

Ha sido un Comité Ejecutivo exprés. Según las fuentes consultadas no ha llegado ni a los 40 minutos de duración y ha contado con destacadas ausencias. A excepción del presidente cántabro, Ignacio Diego, ningún barón autonómico ha acudido a la cita en la que el discurso de Rajoy no ha virado ni un ápice de la entrevista que concedió la semana pasada en Radio Nacional. Desde Génova achacan este vacío al poco tiempo con el que se convocó esta reunión, en la que la única intervención excepcional que ha habido, al margen de la de Cospedal y Rajoy, ha sido la de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha aprovechado esta oportunidad para preguntar al presidente del Gobierno los motivos por los que no se ha cesado a Luis López Guerra, magistrado del Tribunal de Estrasburgo, que dictó la sentencia contra la ‘doctrina Parot’. Según fuentes ‘populares’, la respuesta la ha dado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha recordado a Aguirre que el magistrado tiene un mandato predeterminado de nueve años y no puede relevarle antes de tiempo.

En este sentido, Rajoy ha recordado que el Gobierno «ni ha negociado ni va a negociar con ETA» y ha insistido en la importancia que su formación otorga a las víctimas de terrorismo. «El PP siempre ha respetado la dignidad de las víctimas», ha aseverado el presidente del Gobierno, quien ha vuelto a insistir en su «disgusto» por la sentencia. No obstante, el malestar por esta cuestión dentro de las filas ‘populares’ es evidente y la espantada de Santiago Abascal tildando a Rajoy de «traidor» es un claro ejemplo de ello. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que no se ha dicho ni una palabra a este respecto. Y la secretaria general ha recalcado que se trata de una decisión «personal» y que como tal el partido no puede hacer otra cosa que «respetarla». 

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