El 7 de febrero, un día después de que 15 personas perdieran la vida mientras intentaban entrar en Ceuta, la gran mayoría de grupos parlamentarios ya estaban pidiendo la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Parlamento Nacional para que explicara el baile de versiones que se produjeron durante las primeras horas del trágico suceso. Desde que la Guardia Civil «no participó» en esa operación, hasta que no sólo no participó, sino que además disparó pelotas de goma a los inmigrantes que nadaban con la intención de llegar a las costas españolas, tal y como confirmó el 13 de febrero Fernández Díaz en una comparecencia a petición propia en el Congreso y en contraposición a lo que días antes habían asegurado el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González.
En vista de estos hechos, varios grupos parlamentarios, con el Partido Socialista a la cabeza, acusaron a Fernández de Mesa y González de «mentir», pidieron responsabilidades políticas y exigieron las cabezas de los máximos responsables. El Gobierno hizo oídos sordos, aseguró que la versión «completa y real» fue la que dio en el Congreso Fernández Díaz -que se basó en un informe de la Guardia Civil- y que el resto se trataba de «informaciones parciales». El ministro del Interior aseguró rotundamente que la «Guardia Civil jamás les había engañado» y zanjó la polémica. La gran cita parlamentaria de esta semana parecía que iba a estar protagonizada, entre otras muchas cuestiones, por esta tragedia. Pero nada más lejos de la realidad. Los minutos empleados durante el debate sobre el Estado de la Nación fueron escasos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiso entrar en esta cuestión por tratarse de una política de Estado y recordó al líder de la oposición haber vividos episodios similares cuando el PSOE gobernaba. «Una cosa es la política de estado y otra analizar un suceso dramático que ha costado la vida a quince personas. Analicemos qué pasó. Primero la verdad; y después, las responsabilidades si las hay», fue la respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero ahí se acabó el debate a este respecto.
Desde el PSOE aseguran a ESTRELLA DIGITAL que el Debate sobre el Estado de la Nación tiene un problema, que es el tiempo. «Nos quedamos sin poder mencionar en mayor profundidad muchas cosas como también Educación y Sanidad», justifican los socialistas. Una excusa muy coreada también por el resto de formaciones. Ahora bien, han tenido la posibilidad de darle solución a la falta de tiempo, incluyendo esta cuestión en las resoluciones. Pero lo cierto es que aquellas formaciones que finalmente lo han hecho, el espacio dedicado tampoco ha sido muy generoso. De todos los grupos parlamentarios que han incluido la inmigración en sus resoluciones, CiU es el único que ha mencionado esta tragedia explícitamente.
Mención en las resoluciones
En referencia a esta cuestión, los socialistas han propuesto «instruir» a los agentes que prestan sus servicios en las fronteras terrestres sobre los procedimientos y actuaciones que deben seguir «en relación con personas en situación irregular o que intenten acceder a territorio español». Además, el PSOE también ha pedido la «retirada» de los elementos pasivos de protección de la frontera del territorio español, cualquier elemento que, como las llamadas concertinas, pueda causar mutilaciones o lesiones graves a las personas. Y por último, han pedido recuperar «los niveles de ayuda de la cooperación española al desarrollo de los países africanos de origen y tránsito de la inmigración» y afrontar con estos países y en el seno de la UE la lucha eficaz contra las mafias que trafican con seres humanos.
La Izquierda Plural, por su parte, ha planteado, entre otras medidas, «abordar el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)» y «garantizar que, en cualquier circunstancia de llegada masiva de migrantes se informe a la delegación en España del ACNUR». Los conservadores catalanes, sin embargo, son los únicos que han mencionado el suceso de Ceuta y han vuelto a exigir, tal y como hicieron durante la comparecencia del ministro en el Congreso, que se «de la máxima información» y se asuman «las responsabilidades» que deriven de la gestión del dispositivo que actuó en la frontera el pasado 6 de febrero.
El PP rechaza las propuestas de la oposición
Claro que ninguna de ellas ha contado con el beneplácito del Partido Popular, que sólo ha dado de paso la suya propia sobre inmigración. Una resolución muy en la línea de la única referencia que hizo el presidente del Gobierno al respecto: la inmigración debe de ser declarada como política de Estado. Además, los 'populares' han pedido que el Congreso «reconozca y agradezca expresamente la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la vigilancia y control de las fronteras». También muy en la línea del discurso gubernamental, que ante todo siempre ha defendido la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Una actuación que ha indignado especialmente a los socialistas, que denuncian que el PP «no está legitimado» para hablar de política de inmigración hasta que no «dé todas las explicaciones que debe» sobre la tragedia de Ceuta. Según el PSOE, ellos ya ofrecieron al PP una estrategia común en política de inmigración en diciembre del año pasado y estos la rechazaron. La sensación de los socialistas es que el Gobierno ahora lo que quiere es «compartir responsabiliades» por lo ocurrido, y más aún teniendo en cuenta que la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha amenazado con expedientar a España si se confirma que la actuación de la Guardia Civil en la tragedia de Ceuta vulneró la legislación comunitaria. «España es un país que tiene acreditada su actuación en defensa de los Derechos Humanos, de la dignidad de las personas y tampoco tenemos que recibir lecciones de nadie», ha sido la respuesta del ministro del Interior.