Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas donde se presentaron más quejas al Defensor del Pueblo en 2013, mientras que las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad procedieron principalmente de Madrid, Andalucía y Castilla y León, según muestra el último Informe Anual de esta institución a las Cortes Generales.
La distribución geográfica de los escritos dirigidos al Defensor del Pueblo responde a factores demográficos, es decir, que las comunidades más pobladas son en general las que concentran un mayor número de escritos.
En las quejas –que el ciudadano puede presentar si considera que en su relación con las administraciones públicas se han visto vulnerados sus derechos–, Madrid se sitúa a la cabeza, con 5.942, seguida de Andalucía (2.866), Comunidad Valenciana (2.234) y Castilla y León (2.225).
A mayor distancia se encuentran Cataluña (1.951), Murcia (1.463), Castilla-La Mancha (1.126), Galicia (773), Canarias (724), Aragón (539), País Vasco (481), Baleares (469), Extremadura (434) y Asturias (371), y a la cola están Cantabria (237), Navarra (220), La Rioja (133) y las ciudades autónomas de Melilla (53) y Ceuta (51).
Peticiones de recurso ante el TC
Madrid, con 2.521, y Andalucía, con 1.981, son también las dos comunidades donde más escritos se presentaron en 2013 para que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, interpusiera recursos ante el Tribunal Constitucional, y las siguen en la lista Castilla y León (904), Galicia (732), Canarias (638) y Comunidad Valenciana (557).
No se alcanzaron los 500 escritos en Asturias (460), Castilla-La Mancha (439), Aragón (372), Murcia (371), Cataluña (355), País Vasco (213), Baleares (179), Extremadura (153), Cantabria (65), Navarra (59), Melilla (47), La Rioja (36) y Ceuta (30).
Por provincias, en las que más quejas se registraron son –sin contar con las autonomías uniprovinciales– Barcelona (1.520), Valencia (1.181) y Sevilla (757). Y en el caso de las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, Córdoba (468), Sevilla (395) y Las Palmas (380).
Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras
El informe recoge también una relación de las administraciones calificadas como «no colaboradoras o entorpecedoras» por haber dificultado u obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo sistemáticamente o de forma destacada en una investigación, por haber contestado a una solicitud de información tras habérseles requerido en tres ocasiones su colaboración o por ni siquiera haber contestado.
Becerril ha dado cuenta al Ministerio Fiscal de las administraciones que no han respondido, a pesar de las gestiones realizadas, para que éste constate si se puede haber producido un delito de desobediencia por parte de una autoridad o funcionario público determinados. Se trata de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Coslada (Madrid) y Teguise (Las Palmas).
El Defensor del Pueblo ha decidido excluir de la 'lista negra' a los ayuntamientos de menor población en consideración de «las dificultades en que se encuentran algunas corporaciones locales para la gestión de sus propios asuntos, especialmente en la situación de crisis actual».
Entre las administraciones que han incumplido su deber de colaboración con la institución se encuentran, por su falta de respuesta en uno o varios expedientes, los ayuntamientos de Alcalá de Xivert (Castellón), Alfaro (La Rioja), Espejo (Córdoba), Lalín (Pontevedra), Quintanilla del Coco (Burgos), Tartanedo (Guadalajara) y Áyega (Burgos).
En el caso de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, el informe explica que con este departamento se tramitan un gran número de actuaciones, fundamentalmente relacionadas con el reconocimiento de la situación de dependencia.
«De forma sistemática han de emitirse sucesivos requerimientos ante la falta de respuesta en los plazos previstos» y se han llegado a efectuar «hasta seis gestiones por diversos canales», precisa.
Evaluación de impactos en el medio ambiente
Como parte de la labor de supervisión de la actividad de las administraciones públicas por parte del Defensor del Pueblo, en el apartado relativo a la evaluación de impactos en el medio ambiente destaca el expediente sobre el Aeropuerto de Castellón, ya inaugurado pero sin actividad.
En noviembre de 2012, Becerril inició una actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), ambas del Ministerio de Fomento, para comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria, concluyendo que ésta fue «deficiente» y que la evaluación estratégica fue «inexistente», y recordando que la ley obliga a valorar no solo los efectos ambientales sino también los impactos sociales y económicos.
En 2013 se inició y concluyó el asunto de la refinería de Los Santos de Maimona (Badajoz), pero la Defensora dijo que no podía ni debía mostrarse favorable o desfavorable a su implantación, explicando que la declaración de impacto ambiental y la decisión sobre la autorización solo pueden ser revisadas a fondo y con carácter vinculante por el poder judicial.
Además, Becerril inició el año pasado el estudio de distintos casos aún en tramitación, por ejemplo sobre el uso del 'fracking' en Cantabria, el riesgo sísmico por la actividad en el depósito de gas conocido como el proyecto Castor (en el golfo de Valencia) o los proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Los temas que más quejas suscitaron
La Defensora del Pueblo agrupa expedientes cuando un número significativo de personas se dirigen a ella en relación con un mismo tema. Este fue el caso de los 10.847 ciudadanos que expresaron su malestar por el cambio de trazado del AVE Antequera-Granada o los 9.501 que se quejaron por la exclusión de las enseñanzas de formación profesional de grado superior de la convocatoria para la renovación de los conciertos educativos en la Comunidad de Madrid.
Asimismo, 1.879 personas manifestaron su preocupación por la falta de cobertura de las plazas vacantes en la Residencia Social Asistida 'San José' (en Toledo), 1.501 protestaron por la paralización de las obras de ampliación de un colegio de El Boalo (Madrid) y 1.454 reclamaron la supresión del punto de atención continuada (servicio nocturno de urgencias sanitarias) en el municipio murciano de Librilla.