Nueve de los 19 diputados del PP en el Parlament han apoyado este jueves por error una votación a favor de la consulta, que una mayoría de grupos catalanes ha fechado para el 9 de noviembre.
Por el contrario, ocho parlamentarios populares han votado en contra; entre ellos, la presidenta del partido, Alicia Sánchez Camacho; el portavoz parlamentario, Enric Millo, y el adjunto, Santi Rodríguez, mientras que se han ausentado en esta votación dos diputados: María José García Cuevas y Rafael López.
Así, con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP y de nueve populares, se ha aprobado un punto de un dictamen que ve necesaria la consulta para acotar el «déficit fiscal crónico» de Cataluña, a lo que se han opuesto ocho diputados del PP y los nueve de C's, y el PSC se ha abstenido.
Esta petición figura en uno de los puntos del dictamen que ha aprobado el Parlament sobre el informe fiscalizador que ha hecho la Sindicatura de Cuentas sobre las cuentas del sector público catalán en 2011.
En su intervención, el síndic mayor de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, Jaume Amat, no ha hecho ninguna alusión al debate soberanista, algo que sí han hecho casi todos de los grupos en su turno de palabra.
José Antonio Coto (PP) ha recordado que la financiación actual se pactó cuando ERC estaba en el Govern, y ha preguntado a CiU y a los republicanos: «¿Creen que es normal discutir sobre las cuentas de 2011 y cómo se ejecuta el presupuesto y ustedes se dediquen a hablar de su monotema separatista?».
José Manuel Villegas (C's) ha juzgado «poco serio» relacionar un informe fiscalizador con la autodeterminación, mientras que Jordi Terrades (PSC) ha recalcado que, mientras no haya una consulta legal y acordada, es necesario acordar con el Estado una nueva financiación que garantice a la Generalitat recursos suficientes.
«Estafa y carga pesada»
Según la republicana Alba Vergés, Catalunya sufre un «expolio fiscal crónico, que es una estafa y una carga pesada» que repercute en el nivel de vida de los ciudadanos, especialmente en los más débiles, y de ahí la necesidad de replantear las relaciones con el resto de España.
ICV-EUiA ha votado a favor de este punto, pese a que David Companyon ha considerado que el 'derecho a decidir' «no puede ser un arma de distracción masiva», y también ha destacado que el informe de la Sindicatura de Cuentas prueba que este órgano es necesario pese a que la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (Cora) plantee en un informe suprimir los tribunales de cuentas autonómicos.
David Fernández (CUP) ha asegurado que el informe manifiesta que en 2011 se incrementaron las desigualdades sociales; y Ferran Falcó (CiU) ha defendido la actuación del Govern, ha negado que se cometieran políticas de «austericidio», y ha atribuido la situación financiera de la Generalitat a la herencia recibida del tripartito.