El 12 de marzo de 2004, un día después de los atentados del 11-M y dos días antes de las elecciones generales, cientos de miles de personas salieron en Madrid en manifestación convocada por el Gobierno tras el lema “Con las víctimas, con la Constitución y para la derrota del terrorismo”. “¿Quién ha sido?”, se preguntaron muchos de los asistentes.
En la jornada de reflexión, el candidato entonces y hoy presidente Mariano Rajoy aparecía entrevistado en prensa nacional con el titular: “Tengo la convicción moral de que fue ETA”. La investigación policial y los jueces han dejado finalmente clara la responsabilidad del terrorismo yihadista. La última investigación civil pone distancias entre la supuesta relación del atentado con la cercanía electoral o la participación española en la invasión de Irak.
Ha pasado una década, perspectiva suficiente para recordar una tragedia que tuvo con todo consecuencias positivas: la eficacia policial en la localización de los responsables, la ausencia de reacciones racistas entre la sociedad española, la mejora posterior de la coordinación entre organismos policiales y la cooperación internacional, la eficacia judicial, la celebración de una comisión de investigación en el Congreso, la protección material de las víctimas.
En contraste, la respuesta de otros países ante atentados terroristas similares ha sido la ocultación pública de los hechos, la respuesta militar al fenómeno terrorista, el recorte de derechos y libertades, la creación de burbujas al margen de la ley (Guantánamo, ejecuciones extrajudiciales), la inoperancia judicial para juzgar los sucesos y brotes de racismo.
En el décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo Estrella Digital se ha querido preguntar cuál es la situación real hoy de la amenaza terrorista. La respuesta se acerca a que el crimen organizado supera como amenaza a cualquier otro, y que en número de detenciones y condenas un terrorismo etarra en descomposición duplica al yihadista. La amenaza la protagonizan hoy los llamados lobos solitarios, menos peligrosos que el terrorismo encuadrado en organizaciones. Por tanto, se combinan la amenaza a la baja y la alerta alta, a veces puro alarmismo.
Atentado
El 11 de marzo de 2004, entre las 7:37 y las 7:40 de la mañana, una cadena de atentados paraliza Madrid: diez mochilas-bomba hacen explosión en cuatro trenes de cercanías en la estación de Atocha, en sus inmediaciones de la calle Téllez, en las estaciones de El Pozo y Santa Eugenia, provocando 191 víctimas mortales. En las siguientes tres semanas la Policía realiza numerosas detenciones y va cercando a los autores.
El 3 de abril un grupo de siete terroristas perseguido por los GEO, todos ellos sospechosos de la autoría del atentado de Madrid, se acaba atrincherando en un piso de Leganés y hacen explotar el inmueble acabando con su vida y la de un policía, la víctima mortal 192. Si los terroristas no se suicidaron el 11 de marzo fue porque pensaban seguir atentando. El resultado fue una especie de suicidio aplazado.
Entre mayo de 2004 y junio de 2005 se celebró en el Congreso una comisión de investigación sobre los atentados, con las comparecencias de Aznar y Zapatero entre muchos otros, cuyo dictamen final es muy crítico con el Gobierno del PP y elabora también una serie de recomendaciones para mejorar la lucha antiterrorista.
Por su parte, la Audiencia Nacional juzgó los atentados y a la treintena de sospechosos entre febrero y julio de 2007 y dictó sentencia, recurrida por muchos de los afectados que llevó el asunto al Supremo, con una nueva sentencia en julio de 2008: los principales condenados, a 42.922 años, fueron Jamal Zougam y Otman el Gnaoui. El asturiano José Emilio Suárez Trashorras fue considerado cooperador necesario al facilitar los explosivos a los terroristas y el Supremo confirmó su condena a 34.715 años.
Víctimas
A diferencia de los atentados en Nueva York 2001 o Londres 2005, en Madrid tenemos víctimas de carne y hueso, contamos con imágenes y recuerdos de personas, rostros.
La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, con los datos recabados a lo largo de estos diez últimos años, ha realizado un perfil de las personas que fueron asesinadas y de las que resultaron heridas en los atentados del 11-M en Madrid. La mayoría de ellas era de clase media-trabajadora que se dirigía a sus lugares de trabajo, otras se encontraban en situación de desempleo y estudiantes. De los 2.084 heridos y de los 192 fallecidos, el 34% eran inmigrantes, pertenecientes a 34 nacionalidades distintas.
Del total de personas heridas, siete presentan en la actualidad gran invalidez (requieren de asistencia de una persona para su movilidad); 21 están consideradas como incapacitadas permanentes absolutos; 61 son incapacitadas permanentes totales; 28 padecen incapacidad permanente parcial, y el resto sufrieron lesiones no invalidantes (presentaron semanas de baja o resultaron con secuelas de distinta consideración).
Yihadismo
En 2004 se puede interpretar que afloran varias tendencias iniciadas años antes.
Por una parte, en los 80 se va acentuando la utilización política de la religión, relacionado con la frustración de millones de musulmanes, anclados en el subdesarrollo, con regímenes autoritarios e ineficaces bajo un nacionalismo aparentemente laico. En este contexto se produce la radicalización de grupos de inspiración islamista, la resistencia radical a la invasión soviética de Afganistán, la fundación de Al Qaeda a finales de la década, la guerra civil argelina. En paralelo, desde Occidente (léase EE.UU.) se decide convertir al Islam tras la caída del muro de Berlín en 1989 en el enemigo de sustitución a la URSS.
Estos procesos confluyen el 11 de septiembre de 2001 con los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, cerca de 3.000 víctimas mortales, que aprovecha Bush Jr. para desencadenar la guerra mundial contra el terrorismo utilizando principalmente medios militares. Había una amenaza y se aprovechó la ocasión.
Antecedentes al 11M
La comisión de investigación del Congreso consideró “que España no contaba con medios suficientes para enfrentarse a una amenaza tan cierta y grave. Los recursos humanos y materiales expresamente empleados para la lucha antiterrorista islamista, no crecieron proporcionadamente al aumento del riesgo”.
La Comisión consideró que “la respuesta del Estado español a la amenaza del terrorismo islamista fue insuficiente antes del 11 de marzo de 2004, caracterizándose por una clara infravaloración de los riesgos anunciados desde diversas fuentes policiales e internacionales. El Gobierno no adoptó antes del 11 M la política de impulso a la lucha contra el terrorismo islamista que exigía ese nivel de riesgo”.
Siguiendo al analista Javier Jordán, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional, a lo largo de la década de los 80 se sucedieron en España, de manera aislada, diversas operaciones policiales, complots y atentados por parte de grupos extremistas de origen árabe, que incluyeron el ataque contra un restaurante próximo a la entonces base norteamericana de Torrejón en 1985 y la desarticulación en 1989 de una célula de Hizbollah en Valencia que pretendía atentar en Europa.
“Lo primero que se aprecia al examinar este período es la vinculación de todos los individuos y grupos desarticulados con organizaciones superiores, concretamente con el GIA argelino, con su sucesor el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate, con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y con Al Qaeda Central”, señala Jordán. Hasta mediados de la década de 2000 la militancia yihadista en España se articulaba exclusivamente en torno a grandes organizaciones.
Parlamentarios, analistas y fuerzas de seguridad otorgan una importancia relevante a los atentados en Casablanca del 16 de mayo de 2003, cinco ataques suicidas simultáneos en los que murieron 45 personas, la mitad de ellas en el restaurante de la Casa de España. Cuatro muertos eran españoles, tres franceses, uno italiano y el resto marroquíes. Los responsables de Casablanca y Madrid compartían vinculación con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí.
Detenciones y condenados
Las fuerzas de seguridad han detenido entre 2004 y 2012 a 504 personas sospechosas de terrorismo yihadista, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, de los que han sido finalmente condenados alrededor de 80. La propia Fiscalía se siente obligada a justificar en la Memoria de 2013 “la elevada cifra de absoluciones, claramente indicativa de las enormes dificultades legales que se plantean en estos procesos, en relación con la probanza de unos delitos singularmente enmarcados en el ámbito de la respuesta penal preventiva frente a las células terroristas. En muchos casos –añade- las condenas se imponen no por delitos de terrorismo, sino por delitos comunes”.
Los números cuentan que en todo el año 2013 se detuvo a una veintena de personas (nueve en 2012), que contrasta con unas 60 en 2006 y 138 en 2004.
Las cifras de detenidos y condenados por pertenencia a ETA, incluso en el estado de descomposición y abandono de la actividad armada de los últimos años, superan ampliamente las correspondientes al terrorismo yihadista.
Amenaza hoy
En opinión de Javier Jordán, “las células independientes y los lobos solitarios se están convirtiendo en un fenómeno permanente, y en los últimos años predominante, en el mapa del yihadismo en España, y es probable que algún día uno de ellos logre consumar una acción terrorista, pero a pesar del peligro real que representan, los proyectos terroristas más serios y potencialmente más letales han sido obra en exclusiva de células vinculadas a una gran organización yihadista”.
Jordán ha publicado recientemente una investigación en el Real Instituto Elcano según la cual “las grandes organizaciones son las únicas que, potencialmente, pueden convertir el terrorismo yihadista en una amenaza estratégica para España”.
Este investigador ha analizado las operaciones policiales realizadas en España contra la amenaza yihadista, 48 desde 2004 frente a las 16 llevadas a cabo entre el año 1995 y los atentados del 11-M (incluyendo en esas 16 la desarticulación de la red del 11-M en marzo-abril de 2004). Las grandes organizaciones han seguido estando presentes de manera mayoritaria, pero “en los últimos cinco años los actores no vinculados han tenido un carácter predominante. Todavía es pronto para considerar esto último como una tendencia firme, pero en caso de que así fuera, ello supondría una reducción significativa de la amenaza ya que su capacidad terrorista suele ser sustancialmente menor a la de las células vinculadas a grandes organizaciones”.
Utilización política del terrorismo
El terrorismo está muy presente en el debate político español al menos desde finales de los 80, como instrumento utilizado para desgastar al Gobierno.
Las dudas sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 se mantuvieron con respiración asistida durante los ocho años de los Gobiernos de Zapatero y han ido desaparecieron con la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de noviembre de 2011.
Un ejemplo. El actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que también fue director de Gabinete del director general de la Guardia Civil en los Gobiernos de Aznar, siendo portavoz popular de Interior en el Senado pedía en marzo de 2005 el cese de Gregorio Peces Barba como Alto Comisionado para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, acusándole de «amparar a los verdugos terroristas». Además, decía que “Zapatero nombró a Peces Barba con la misión de dividir a las víctimas, de silenciarlas y de neutralizarlas”. Añadía que “como no nos van a hacer caso, y no lo van a cesar, lo que le pido es que por lo menos tenga la decencia moral de cambiar su título y denominarle Alto Comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas”, soltó entre aplausos de los senadores del PP.
Cosidó como senador en la oposición hablaba del “déficit de legitimidad de su triunfo electoral del pasado 14 de marzo. Ése es el fantasma que recorre todas las noches La Moncloa”.
En abril de 2006 el Grupo Parlamentario Popular presentó 215 preguntas por escrito cuestionando la versión oficial del 11-M dirigidas al entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
También las hemerotecas guardan prueba gráfica de la media docena de manifestaciones convocadas por el PP contra la política antiterrorista del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en su primera legislatura 2004-2008.
Falsa Yihad
Con ese título se acaba de publicar un libro de la periodista Beatriz Mesa con el atractivo argumento de que el yihadismo que amenazó Malí hace un par de años y provocó la intervención militar francesa luego apoyada por España y la UE, en realidad es un disfraz de conveniencia de mafias criminales que se dedican al tráfico de droga, personas o armas en el Sahel.
Los autores del 11-M sí eran terroristas yihadistas, aunque había también delincuentes comunes, pero los excesos de la lucha internacional contra el terrorismo, las variantes de una franquicia global con grandes diferencias locales, los ejes del mal y el espionaje masivo, debe hacernos dudar del adjetivo. El yihad (en árabe el término es masculino) puede ocultar muchas cosas, entre otras el miedo/la seguridad como argumento político para justificar cualquier exceso.
Nunca está de más recordar que el objetivo de cualquier terrorismo es siempre político, la obsesión de los grupos yihadistas son Gobiernos de países mayoritariamente islámicos y en esos territorios se han producido la mayor parte de las víctimas.
Desde el 11 de marzo de 2004, más concretamente desde el 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, han proliferado los expertos en terrorismo yihadista, que como en cualquier otro ámbito de la ciencia o del ejercicio profesional, tienden a crear su necesidad y exagerar la amenaza. Muchos de ellos hacen constantes viajes al Corán, memorizan azoras y se pierden en la compleja prosa poética del árabe del siglo VII, donde creen encontrar pistas de lo que ocurre hoy.
Algo parecido a lo vivido durante gran parte de la última década con el 11-M sucede hoy con el fin de la actividad armada de ETA, certificado por la propia banda el 20 de octubre de 2011, la resistencia de muchos a soltar el tema, por inercia, por interés político, por interés laboral.
Hace diez años España como país respondió a los peores atentados imaginables competentemente –policía y justicia-, y como sociedad muy decentemente. La amenaza hoy es baja en términos históricos, la alerta continúa y nunca policías y servicios de inteligencia han contado con mejores medios para vigilarla, coordinarse entre ellos y cooperar internacionalmente.
Alerta sin alarmismos, cabría sugerir.