El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es un claro defensor de la energía nuclear. Nunca ha pretendido ocultarlo. Lo dejó meridianamente claro cuando estaba en la oposición. Ya en julio de 2009, el que por entonces únicamente era presidente del PP, aseguró que el cierre de la central nuclear de Garoña, previsto para 2013, era una decisión «disparatada» que sólo obedecía al «capricho» del que era jefe del Gobierno por aquellas fechas, José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel momento, Rajoy ya exigió una «rectificación» y advirtió de que si llegaba al Ejecutivo pediría un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para cumplir lo que dictaminara, de tal forma que si en este informe se abogaba por prorrogar sus funciones diez años más, el Gobierno del PP lo respetaría. Y dicho y eso.
Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno ha vuelto a hacer una exposición similar. Ha sido en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, quien le ha pedido que se posicione sobre el futuro de la «central nuclear más antigua de España», que ya ha cumplido con su vida útil de 40 años para la que estaba diseñada para operar, y que además dispone del mismo reactor que el de la central nuclear de Fukushima, que provocó un desastre de enormes dimensiones en marzo de 2011 y que ha conllevado una nueva normativa internacional en material atómica. Un aspecto, este último, que el presidente ya demostró hace unos meses no preocuparle, cuando en su primera visita oficial a Japón se convirtió en el primer presidente occidental en visitar Fukushima. Así pues, Rajoy ha recurrido al calendario para advertir de que antes de hablar de ello se deben de cumplir varias premisas.
Vista la secuencia de actuaciones y su actitud pasada y presente, no cabe la más mínima duda de la posición del presidente del Gobierno, quien ha recordado que «no todo el mundo» está en contra de su reapertura y que hay «instituciones, expertos y ayuntamientos» que están a favor de que esto ocurra. Dicho esto, ha recordado que primero se deben de cumplir dos condiciones antes de discutir sobre esta posibilidad: en primer lugar, que la empresa propietaria de la instalación atómica, Nuclenor (Iberdrola y Endesa, al 50%), solicite antes del 5 de julio su reapertura. Y después, que el Consejo de Seguridad Nuclear emita un informe favorable. El portavoz del PNV le ha recordado lo peligrosa que podría ser esta decisión y Rajoy le ha insistido en varias ocasiones en que se trata de una decisión «técnica, no política». «No pongo en duda sus conocimientos en energía nuclear señor Esteban, pero será el CSN el que informe de esta situación y a partir del cual el Gobierno tomará una decisión», ha zanjado el presidente del Gobierno.
Claro que la actuación del Ejecutivo 'popular' ha sido favorable a que esto ocurra desde que llegó al Gobierno. El 10 de julio de 2013 el BOE publicó la orden ministerial del 5 de julio en la que el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, determinaba la clausura de la planta, dando cumplimiento a otra orden emitida en 2009 y que autorizaba su explotación hasta el 6 de julio de 2013. Lo hizo a regañadientes y todo apuntaba a que el Gobierno lucharía por que no fuera definitivo. De hecho, así fue. El pasado 21 de febrero el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el decreto de combustible nuclear que permitiría a Garoña solicitar su reapertura.
Esta norma establece la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias. Y este es precisamente el caso en el que se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que, en la actualidad, se rige por una licencia de cese de explotación.