El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha fijado para este martes la declaración como testigo del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, quien contestará por escrito a las repreguntas formuladas por las partes en relación con la gestación de los Valencia Summit organizados en 2004, 2005 y 2006 por el Instituto Nóos y por los que esta entidad percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos, parte de cuyo destino está siendo investigado.
Así lo informaron fuentes jurídicas, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, librase un exhorto al juez decano de Valencia en el que solicitaba que volviera a tomarse declaración como testigo al exjefe del Consell, una diligencia que tendrá lugar en el despacho oficial que tiene en la sede del Consell Jurídic Consultiu, del que es consejero, y en la que deberán observarse las cautelas que se decidieron para su primera declaración.
El juez acordó que la primera comparecencia como testigo fuera por escrito, en presencia de secretaria judicial para que no ser «influenciado por terceras personas» e «inexcusablemente» en un despacho de carácter oficial, lo que tuvo lugar el pasado 1 de febrero. Tras esta declaración, el juez estimó «pertinentes» los pliegos de repreguntas que, en esta ocasión, le plantearán por parte de la defensa de Iñaki Urdangarin, y la acusación popular ejercida por los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.
En concreto, Camps contestó en su despacho oficial del Consell Jurídic Consultiu, en Valencia, a 64 preguntas planteadas por el Ministerio Fiscal y a ocho de Manos Limpias. En ellas, negó que hubiera mantenido una reunión en el Palacio de la Zarzuela con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para hablar de la celebración de los Valencia Summit, y que se hubiera reunido con él o con su socio en la ciudad o cualquier otro lugar a propósito del proyecto.
La mayoría de sus respuestas fueron negaciones o la afirmación de «lo desconozco» a las cuestiones, mientras que las más largas hicieron referencia a la celebración de los Juegos Europeos, evento que atribuyó a una decisión «política» del Consell y al Parlamento valenciano.
Asimismo, aseguró que en todas las Administraciones a las que ha pertenecido ha dejado «libertad absoluta» a los servicios jurídicos y a los funcionarios para elaborar los procedimientos «correspondientes en cada circunstancia, limitando mi papel al estrictamente asignado en cada responsabilidad política».