El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha negado a archivar la causa en la que investiga las torturas que habrían sufrido cuatro presos en la base militar estadounidense de Guántanamo entre 2002 y 2005 a pesar de la limitación de la jurisdicción universal, y ha vuelto a preguntar a Estados Unidos, tal y como hizo en 2009, si ha investigado estos hechos.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 incoa sumario por delitos de torturas y contra la integridad moral en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra y anuncia que preguntará al Tribunal Supremo si considera que Estados Unidos ha perseguido estos hechos de forma eficaz.
Se trata de las torturas que habrían sufrido en la prisión cubana Hamed Abderraman Ahmed, nacido en Ceuta y conocido con los alias de 'Hamido' y el 'talibán español'; el marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en nuestro país; el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.
Perseguir las torturas
En su resolución Ruz destaca que los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura obligan a los estados firmantes a perseguir este tipo de delitos y que la recién reformada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 23.5 que los delitos de jurisdicción universal no se perseguirán en España si se acredita que están siendo investigados en un tribunal internacional o en el estado del lugar en el que se cometieron los hechos.
A este respecto, señala que esta ley «reconoce la competencia de la jurisdicción española para conocer de cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro».
Para emitir «un juicio ponderado y racional» sobre la «posible concurrencia del principio de subsidiariedad» entre la Justicia española y la estadounidense, el juez vuelve a dirigirse a las autoridades norteamericanas para que informen sobre «la evolución y estado actual de las investigaciones» que se están llevando a cabo sobre esta materia.
De igual modo, anuncia que elevará ante la Sala Segunda del Supremo una exposición razonada para que «con arreglo a la información obrante en la causa determine la existencia en los Estados Unidos de un procedimiento en investigación de los hechos objeto de la presente instrucción y, en consecuencia, su disposición a actuar en relación a los mismos».
Prohibición de la tortura
El magistrado, que cita como jurisprudencia una sentencia del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia de la ONU y otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD), defiende que «el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un derecho que no admite suspensión y, por lo tanto, no se pueden invocar circunstancias excepcionales de ningún tipo para justificar la misma».
«El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura no han dejado de hacer hincapié en el carácter absoluto de la prohibición de la tortura y de subrayar que esta prohibición no admite suspensión en ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra o en la lucha contra el terrorismo», afirma.
Pesquisas de Garzón
La investigación fue abierta en enero de 2010 por el juez Baltasar Garzón contra «las personas que tuvieran bajo su guardia y custodia a los detenidos y las que autorizaron o practicaron los actos» descritos en la querella, todos ellos «miembros del Ejército de Estados Unidos y la inteligencia militar», así como los que «ejecutaron y/o diseñaron un plan sistemático de torturas o malos tratos inhumanos o degradantes».
La querella, presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), se dirigía contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.
Se trataba, en concreto, del consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.
La investigación fue avalada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 25 de febrero de 2011, que destacó «el vínculo de conexión relevante con España» de las dos víctimas.