La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha manifestado que el auto del Tribunal Constitucional (TC), que ha acordado, por siete votos a favor y cinco en contra, mantener la suspensión cautelar de los preceptos impugnados por el Gobierno de la Ley de Función Social de la Vivienda hasta que dicte sentencia, es resultado y avala «la operación del PP para blindar los intereses de la elite financiera y de los especuladores, a costa de mantener más de 700.000 viviendas vacías» en la comunidad autónoma.
En una nota, Cortés ha recordado que la Ley de Función Social de la Vivienda «no queda suspendida en su totalidad, sino tan sólo los preceptos impugnados, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social».
«El Gobierno ha conseguido dar vía libre a la banca para especular con sus viviendas vacías y desahuciar impunemente tras haber recibido multimillonarias cantidades de dinero público», ha denunciado la consejera, que ha afirmado que la suspensión de la Ley implica «más dificultades para acceder a una vivienda a precio asequible».
Ha precisado que el resto de los artículos, entre los que están los que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas o los que facultan a la Consejería para incentivar la salida al alquiler de viviendas vacías en manos de particulares, siguen vigentes.
«La Consejería de Fomento y Vivienda continuará trabajando en defensa del derecho humano a la vivienda y su función social, promoviendo el alquiler asequible frente a la especulación y combatiendo el sangrante fenómeno de las viviendas vacías, que priva del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado por la Constitución a innumerables familias en Andalucía», ha añadido Cortés, que ha afirmado que, «frente a un Gobierno del PP que rescata a los poderosos y blinda privilegios, el Ejecutivo andaluz rescata personas y defiende derechos».
Considera que «el Gobierno ha conseguido con su recurso que en Andalucía se niegue la consideración de la vivienda como derecho humano , y se siga considerando una mercancía para la especulación», ha señalado la consejera, que ha recordado que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 «contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos, y sin que se presentase contra la misma recurso de inconstitucionalidad por parte del PP a través de 50 de sus diputados». «La autonomía andaluza ha sido objeto de una discriminación del Gobierno por motivos políticos», ha añadido.
Ha recordado que el recurso del Gobierno afirmaba que la norma «tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico».
El Gobierno también sostenía en el recurso que «no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español». El recurso exponía que de ceder el derecho «a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada».
«La ley no ha puesto en peligro la economía»
Cortés ha señalado que, por el contrario, la Ley no ha puesto en peligro en modo alguno durante sus tres meses de vigencia la economía ni la estabilidad del sistema financiero, ni tampoco ha hecho desplomarse el precio de la vivienda ni dispararse la prima de riesgo, como sostenía el Gobierno central en su recurso.
Al contrario, según ha señalado la consejera, las alegaciones de la Consejería evidencian que la norma tiene «efectos positivos en el equilibrio del sector financiero y en la economía», ya que sus medidas están diseñadas para que «el efecto de desinflar la burbuja inmobiliaria sea menos perturbador generando nuevas oportunidades de negocio a los propietarios», en referencia a la promoción del alquiler, así como encaminadas a «desincentivar el uso especulativo de los activos inmobiliarios», agravante fundamental de la crisis en España.
Asimismo, la consejera indica que en el plano de su incidencia favorable en la garantía de derechos, «la norma sí ha ofrecido protección a todas las personas con problemas para pagar su hipoteca y en riesgo de desahucio».