La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado que Marruecos «se hace cargo» de los siete inmigrantes de origen subsahariano que a primeras horas del martes fueron detectados por las autoridades militares españolas en la Isla del Congreso, en el archipiélago de las Chafarinas.
A través de un comunicado de prensa, la institución que dirige Abdelmalik El Barkani ha indicado que, según se pudo constatar, el grupo arribó a la Isla del Congreso en una lancha neumática, provista de un motor de 15 caballos, que quedó a la deriva tras haber sido rajada para provocar su naufragio.
Así, ha asegurado que los inmigrantes, todos en perfecto estado de salud, «fueron atendidos desde un principio por las autoridades militares emplazadas en las Chafarinas«, quienes les facilitaron raciones de comida y agua, y comprobaron, mediante chequeo médico, que «todos se encontraban en perfecto estado y a cobijo en una caseta usada habitualmente por biólogos que realizan estudios científicos en el archipiélago».
Asimismo, se ha subrayado que «a todos los inmigrantes se les ha aplicado escrupulosamente la legalidad vigente» e incluso cuatro de ellos, que «se declararon falsamente menores», han sido, con carácter previo a su devolución, sometidos en Melilla a pruebas periciales que finalmente «han dictaminado su mayoría de edad y la falsedad de los datos iniciales facilitados a la Policía con el fin de forzar su entrada en España».
La Delegación del Gobierno ha destacado que con la devolución a Marruecos de los siete inmigrantes, conforme a lo previsto en la normativa vigente y en el marco de la cooperación con el vecino país, «se frenan una vez más los intentos reiterados por las mafias que trafican con seres humanos de abrir nuevas vías de acceso de inmigrantes irregulares a territorio europeo», como son las islas y peñones españoles en el Norte de África.
Freno a nuevas vías de acceso
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha declarado que «es evidente que no podemos permitir la apertura de nuevas vías de acceso de la inmigración irregular». La autoridad gubernativa ha insistido por ello en la necesidad de replantear la consideración que se otorga «a quienes llegan violentando las fronteras utilizando la fuerza o prestándose a situaciones de chantaje que favorecen el negocio de quienes trafican con seres humanos».
«Estamos ante situaciones muy delicadas, en las que todos debemos actuar con total responsabilidad, y cuando digo todos me refiero a España, Marruecos y la Unión Europea. Hay que tener en cuenta –prosigue El Barkani– que hablamos de territorios muy próximos a la costa de un tercer país, que no pueden convertirse en un puente aéreo de acceso ilegal a Melilla o a la Península, al servicio de las mafias que negocian con seres humanos».
Ha añadido que «el drama de la inmigración irregular y de las numerosas consecuencias negativas que comporta es algo muy visible que los melillenses percibimos muy directamente, pero debemos actuar con responsabilidad porque no es posible admitir, por la vía del chantaje o de la presión, a costa de situaciones claramente provocadas y peligrosas, una entrada indiscriminada de inmigrantes irregulares abiertamente manejados por mafias sin escrúpulos que se lucran con la vida de los mismos inmigrantes».