J.V.C., que fue condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de su sobrina, una menor que entonces tenía ocho años, y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, continúa viviendo frente al domicilio de su víctima, que ahora tiene 11 años, en la barriada del Torrejón en Huelva.
En declaraciones a los periodistas la letrada de la familia, María Teresa Largo, ha explicado que este hombre «debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no le obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta».
En este sentido, ha detallado que «existe una sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor; ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos».
Largo ha pedido su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos «ya sí tenía una condena firme, la de abusos», el problema radica, según explica, en que «el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso».
De igual modo, ha detallado que la Audiencia no ejecuta la condena porque los quebrantamientos se producen después, ya que cuando dicta la sentencia este individuo carece de antecedentes.
«Este hombre condenado a dos años por abusos sexuales, más los quebrantamientos, tiene delitos para cumplir penas de prisión, además no ha indemnizado a la víctima y no ha abonado las costas judiciales«, ha asegurado la abogada, quien ha destacado que el problema «ha sido el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria y debería entrar en prisión, entre otras cosas, porque sigue delinquiendo».
Por último, ha remarcado que «el problema es muy sangrante y la madre de la menor ha acudido a todos los sitios para pedir ayuda, no lleva una familia normal y no tiene medios para salir de la vivienda porque teóricamente debería irse el agresor».
La Junta y las autoridades, en alerta
El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, ha asegurado este miércoles que no le consta que la familia de la menor se haya puesto en contacto con la Junta para solicitar algún tipo de ayuda y ha manifestado que, «si se pone, se abordará el caso teniendo en cuenta la particularidad del mismo».
En declaraciones a los periodistas en la Diputación de Huelva, José Fiscal ha insistido en que este caso «se abordaría como cualquier otro, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales, por proteger al menor y a la familia».
Según ha adelantado el diario El Mundo en su edición de este miércoles, los hechos ocurrieron en 2011 y «el agresor no sólo no ha puesto un pie en prisión, sino que además quebranta sistemáticamente la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la niña o de sus padres; una orden según la cual, de hecho, no debería vivir donde vive».
No obstante, el Fiscal ha insistido en que no le consta que «haya habido algún contacto» por parte de esta familia hacia la Junta sobre este asunto.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha asegurado este miércoles que la Policía está «en alerta» y ha señalado que «no ha habido ninguna petición de mayor protección», pero ha asegurado que ha mostrado su preocupación por este asunto porque «no es de recibo que se encuentre tan cerca el agresor de la víctima».
Pérez Viguera ha puntualizado que esta situación «no es muy habitual pero la coincidencia de proximidad de las viviendas hace complicado cumplir esta orden de alejamiento».