La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha confirmado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supremo (TS) para solicitar la suspensión cautelar de la ya vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
El consejero del ramo, Luciano Alonso, ha anunciado, durante la reunión del Consejo Escolar de Andalucía, que el Gobierno regional ha tomado esta decisión ante la necesidad de poner en marcha «todos los mecanismos para evitar la aplicación de la norma», ya que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) no paraliza la ley de forma inmediata.
Asimismo, Alonso ha subrayado en Granada que «así lo han solicitado padres, alumnos, profesores y sindicatos» y ha agregado que el objetivo es impedir «un daño irreparable» a varias generaciones de estudiantes con una ley que, en su diseño, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, «ha olvidado» lo que significa el consenso, «despreciando a las familias», a la comunidad educativa y a las comunidades autónomas.
El titular de Educación ha recalcado que se recogen de este modo las peticiones de la comunidad educativa y también del Parlamento de Andalucía, que aprobó el jueves con los votos del PSOE y de IULV-CA una proposición no de ley para instar a la Junta a impedir la aplicación de la Lomce en el próximo curso 2014-2015.
Para el consejero, esta ley pretende incorporar a los alumnos en un proceso de selección como si la educación «fuera un control de calidad industrial», a lo que se suman las «incertidumbres que, aún hoy», a meses de su implantación, existen por culpa de la «improvisación y las prisas por imponer un modelo que nos devuelve al pasado y a la desigualdad».
Alonso ha subrayado que la comunidad educativa y la Junta han «luchado intensamente» para parar o mejorar la ley», lo que se ha intentado desde la «negociación», el diálogo y buscando su aplazamiento explicando al ministro «que no era necesaria tanta urgencia».
Ante esto, según ha lamentado, «sólo hemos obtenido del Gobierno de Rajoy desplantes y rectificaciones parciales también improvisadas», así como «promesas de inversión que no están documentadas en ningún sitio».
Así, ha anunciado que «la Junta está trabajando para que esta ley suponga, pase lo que pase, los menores prejuicios para nuestra comunidad» y por ello la Consejería de Educación, Cultura y Deporte prepara el desarrollo de sus competencias autonómicas a través del diseño de los nuevos decretos de Enseñanzas de Andalucía, ya que cada comunidad tiene la obligación de completar el currículo educativo.
No obstante, el consejero ha advertido de que resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada en plazo, debido a la escasez de tiempo entre la publicación de la legislación estatal y el inicio del próximo curso escolar.
Según Luciano Alonso, «este apresurado calendario también dificulta o impide informar adecuadamente a los centros, a las familias, a los servicios de apoyo, a las editoriales», por lo que se ha decidido que el próximo curso sea de transición».
Dadas estas circunstancias, y mientras se publican en Andalucía los nuevos decretos que «permitan cumplir la ley mitigando los daños», la Consejería dará instrucciones a los centros para que el curso 2014-15 «se inicie con racionalidad, normalidad y seguridad». El consejero ha destacado que este borrador de instrucciones está siendo consensuado con el profesorado, asociaciones profesionales y familiares, asociaciones de centros privados concertados y centros públicos, centrales sindicales y mesa sectorial de educación.
Asignaturas
Entre las medidas contenidas en estas instrucciones ha señalado que continuarán las acciones de refuerzo educativo al alumnado con necesidades específicas de apoyo y las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Música, como hasta el momento. Igualmente, las materias de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se podrán impartir de forma conjunta mientras se elabora el proyecto educativo de los centros, aunque deberán ser valoradas y calificadas con carácter diferenciado en los documentos de evaluación.
También se mantendrá de forma transitoria la planificación curricular establecida en los proyectos educativos de los planes de los centros hasta la aprobación de la normativa andaluza, así como la organización en ciclos de la Educación Primaria.
Los resultados de las pruebas individualizadas de evaluación serán conocidos únicamente por cada centro y por la comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares, pero en ningún caso serán difundidos.
La convocatoria realizada en este curso 2013-2014 sobre selección de directores se resolverá de acuerdo a lo establecido en sus bases, ya que fueron publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Lomce. Para el próximo curso, y con carácter transitorio, los consejos escolares de los centros ajustarán su organización y funcionamiento, en aquello que no contradiga la Lomce a lo dispuesto en los reglamentos de organización y funcionamiento, no sólo para la Educación Primaria sino también para la Secundaria.
Los consejeros escolares deberán emitir un informe preceptivo antes de las decisiones que puedan adoptar los directores de los centros docentes sobre las atribuciones conferidas a los mismos, con carácter exclusivo y que afecten a la vida del centro, como en el caso del proyecto educativo del centro, programación general anual, admisión de alumnos u obtención de recursos complementarios, entre otros.
Por otro lado, los colegios e institutos seleccionarán los libros de texto como hasta ahora entre aquellos inscritos en el Registro, y la Junta sólo mantendrá su programa de gratuidad sobre estos manuales.
Formación profesional
Sobre la Formación Profesional Básica, el consejero ha indicado que «no hay más remedio» que implantarla al eliminar la Lomce los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Sin embargo, ha destacado que «con nuestras instrucciones se garantizará a la práctica totalidad del alumnado de los actuales PCPI la oferta de 1º de FPB para el próximo curso escolar».
Esto es, la oferta inicialmente será similar a la que ahora ofrecen los PCPI de dos años y se mantendrán los programas específicos, que aumentarán al menos uno en cada capital de provincia.
El consejero de Educación ha concluido que «nuestro compromiso es que esta transición se haga de forma responsable, procurando el menor daño posible al alumnado», de modo que en Andalucía no será considerada como «una vía de evacuación, tal y como lo ha planteado el ministro Wert», sino un programa de diversificación que «complementaremos para evitar que el alumnado que cursa estas enseñanzas se encuentre en inferioridad de condiciones si decide ir a la Reválida para obtener una titulación».
Así, ha defendido que la Junta no ha tomado en ningún momento una actitud «pasiva», porque, según ha dicho, «estamos convencidos de que esta ley tiene fecha de caducidad y no podemos permitirnos perder lo que se ha adelantado durante años».
«Ante la incertidumbre e inseguridad que ofrece el Gobierno central, ofrecemos respuesta y seguridad a los centros, el alumnado y a las familias y seguiremos trabajando para que el próximo curso se desarrolle con la máxima normalidad y garantía para la comunidad educativa, despejando dudas planteadas por la Lomce y clarificando los procedimientos para llevar a cabo la mejor transición posible y puesta en marcha de la ley, aunque confiamos en que sea paralizada por el Supremo», ha concluido el consejero.