Un informe emitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, fechado en septiembre de 2013 y que hasta ahora ha pasado desapercibido, acusa de “clamorosa indolencia, dejación y desidia” al juez Santiago Torres, que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, por su actuación como instructor de un sumario que hasta ahora tiene una extensión de 250 tomos y el que hay un centenar de personas imputadas. Torres trabaja actualmente como abogado en un despacho que corre con la defensa del ciudadano hindú, Rajú Kishinchand Keswani, uno de principales imputados que el mismo Torres implicó en el sumario objeto de las críticas del Ministerio Público, según ha podido conocer ESTRELLA DIGITAL que ha tenido acceso al citado informe.
Torres trabaja actualmente como abogado en un despacho que corre con la defensa del ciudadano hindú, Rajú Kishinchand Keswani
El sumario del 'caso Edén' que comenzó a instruir el juez Torres en 2009, ha ido a parar por decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, de ahí las importantes y graves observaciones que hace la Fiscalía. En él, se persigue tanto la incautación de importantes alijos de cocaína como las presuntas actividades no muy ortodoxas atribuidas a los porteros de discotecas.
En otra parte del extenso informe, el Ministerio Público se refiere a la instrucción hecha por el juez Torres de esta manera: “Entre las muchas decenas de miles de folios relativos a los hechos cuyo conocimiento ha sido atribuido por el Tribunal Supremo a este Juzgado Central de Instrucción número 2, siguen entremezclándose y superponiéndose (por motivos que escapan a nuestra comprensión) otros hechos, completamente distintos e independientes, que no guardan ni la más mínima y remotísima conexión con los concretos, específicos y tasados hechos cuyo conocimiento ha sido asignado por el Tribunal Supremo (…)”.
El juez abogado
Santiago Torres dejó la judicatura a finales del pasado mes de julio para trabajar en el despacho del letrado José Aníbal Álvarez, que resulta, lleva la defensa de uno de los principales implicados en el sumario imputado por el propio Torres. Si bien es verdad que no hay constancia de que Torres intervenga directamente en la defensa de esta persona, Rajú Kishinchand Keswani, no es menos cierto que la representación letrada sí corre a cargo de sus compañeros de bufete. En uno de los documentos del sumario consultado por ESTRELLA DIGITAL, concretamente la declaración del entonces imputado Juan Pablo Navascues, hecha ante Santiago Torres como juez instructor el 7 de noviembre de 2011, se puede leer cómo al también imputado Rajú le asiste en la declaración la letrada Laura Fortes en representación del abogado José Aníbal, actual jefe o socio de Santiago Torres. Lo que demuestra que él conoce a quién defendía su actual compañero de bufete antes de decidir irse a trabajar con él.
Torres conocía a quién defendía su actual compañero de bufete antes de decidir irse a trabajar con él
La misma Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha visto en la obligación de devolver la administración de las empresas que poseía uno de los principales acusados, Álvaro López Tardón, arrebatándosela al administrador judicial que el propio Torres había nombrado y devolviéndosela a un hermano de Álvaro llamado Artemio, también acusado en la causa. A este respecto se refiere así el Ministerio Público: “Ciertamente no fue muy afortunada resolución que en su día adoptó el Juzgado de Instrucción número 32 (Santiago Torres), al permitir, a través del administrador judicial la venta a terceros de buena fe de distintos vehículos a una de las sociedades administradas (incorrecta decisión que ya fue en su momento debidamente corregida, como tantas otras en esta causa, por la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid)”.
El fiscal de la Audiencia Nacional zanja la cuestión del cese del administrador judicial nombrado por Santiago Torres de esta manera, “procede acceder al cese como administrador judicial de Pedro Rodríguez Fernández, sin perjuicio para que se le requiera para rendir una definitiva y detallada cuenta justificativa de su labor en el desempeño de su función que en su momento le fue encomendada (y. Por cierto, de forma procesalmente no muy ortodoxa)”.
Curiosamente, Pedro Rodríguez fue uno de los administradores de la discoteca ‘Moma’, nombrado a dedo por la exmagistrada Coro Cillán, condenada a 15 años de inhabilitación y expulsada de la carrera judicial por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La denuncia de uno de los propietarios de la discoteca motivó la inhabilitación de la entonces titular del Juzgado de Instrucción 43 de la Plaza de Castilla.