La Fiscalía de Madrid solicita penas que suman hasta 250 años de prisión para los 34 procesados en el 'caso Guateque' en el que se investiga una presunta trama de corrupción de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid, han informado fuentes jurídicas.
El caso se remonta al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de dieciséis personas por orden del juez Santiago Torres, al frente entonces del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.
En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.
Tras concluir la investigación, el instructor acordó levantar la imputación de un total de 45 personas. Entre ellas destacaba la mujer del exconsejero del Gobierno regional e imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo. Estaba imputada por la concesión de una de las licencia del restaurante que regenta en el distrito Retiro.
Siete trampas
En el escrito de acusación, el representante del Ministerio Público habla de siete tramas de tráfico de influencias en el que están implicados varios exfuncionarios del Ayuntamiento de la capital. Y pide penas de entre 10 meses de cárcel y 31 años de prisión.
En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para uno de los presuntos cabecillas. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.
Otro de los supuestos cerebros era Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa ahora un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión.
Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.
La sociedad AC93, una de las piezas claves del sumario, era propiedad de estos dos imputados. La empresa se encargaba de falsificar documentos para solicitar las licencias que formaron parte del entramado corrupto.
También se piden penas de siete años de cárcel para cuatro exdirectivos de Seguros Ocaso en relación con unos obras irregulares que se realizaron en el edificio de la calle Princesa.
La mayor petición de penas se realiza al empresario Eduardo Agustino, quien se enfrenta a 31 años de cárcel por un total de diecisiete delitos de corrupción realizados a través de su empresa Agustino Proyectos.