El Gobierno confía en que la exministra Magdalena Alvarez deje voluntariamente su actual cargo de vicepresidenta en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), después de que se haya confirmado su imputación en el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo (ERE), han reconocido fuentes del Ejecutivo.
El puesto que Alvarez ocupa en la actualidad en el BEI no solo representa a España, sino también a Portugal. Ambos países se van cediendo la silla por periodos de cinco o seis años. El Ejecutivo siempre ha mantenido una posición de prudencia ante la investigación judicial en torno a Alvarez, uno de los pocos puestos de responsabilidad que España tiene en Europa.
Pero reconoce que la confirmación de la imputación de la exministra y exconsejera socialista de la Junta en el caso de los ERE presenta ya un problema de «operatividad» para el propio BEI, cuyo presidente, Werner Hoyer, también preferiría que Alvarez presentara voluntariamente su dimisión, según las mismas fuentes.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, a quien este viernes se le ha preguntado por la dimisión de Alvarez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tan solo ha llamado la atención sobre el hecho de que el puesto que ocupa en la actualidad la exministra es una silla compartida con Portugal, «y eso es algo importante a tener en consideración».
El Ejecutivo ha hablado sobre la situación de Alvarez con el BEI, Portugal y el PSOE. Todos ellos, señalan las fuentes, coinciden en que sería mejor que la propia afectada presentara voluntariamente su dimisión, sin que fuera necesario forzar su cese. España, a instancias del Ministerio de Economía, podría forzar un Consejo de Administración extraordinario del BEI para analizar la continuidad de Alvarez, pero esta opción no está siquiera encima de la mesa.
Lo que está claro, añaden las fuentes, es que si Alvarez abandona el BEI sería sustituida por otro español. El Gobierno, siempre según estas fuentes, no ha elegido aún al posible candidato o candidata. Y eso que admite que la situación de la exministra de José Luis Rodríguez Zapatero no beneficia a las aspiraciones de España a aumentar su presencia en los puestos de responsabilidad de las instituciones europeas.