El empresario Miguel Ángel Flores ha llegado esta mañana puntual a los Juzgados de Plaza de Castilla para comparecer por saltarse una de las comparecencias judiciales a las que está obligado a cumplir dentro de su libertad condicional.
Flores deberá explicar este lunes ante el juez Eduardo López Palop y los abogados del 'caso Madrid Arena' por qué el pasado jueves decidió no acudir a firmar al Juzgado, en cumplimiento de una de las obligaciones que se le impuso en diciembre de 2012 para eludir el ingreso en prisión preventiva.
El pasado viernes, Flores fue detenido por orden del juez ante un posible riesgo de fuga, uno de los requisitos que determinaría que ingresara en prisión preventiva. La decisión de no firmar supone incurrir en el quebrantamiento de una de las medidas cautelares adoptadas en el marco de la instrucción.
Sin embargo, la defensa de Flores presentó esa tarde una solicitud de Habeas Corpus ante el Juzgado de Guardia, quien escuchó la declaración del empresario y finalmente le puso en libertad provisional sin fianza «al no concurrir motivos que exijan la adopción de alguna medida cautelar», según dicta el auto.
Así, este lunes será puesto a disposición del juez Palop, quien dirige la investigación penal sobre la muerte de cinco jóvenes en la fiesta que organizó Flores. Todos los abogados están citados a las 9.00 de la mañana de este lunes.
Flores se encuentra en libertad con cargos después de que el pasado 28 de diciembre pagara una fianza de 200.000 euros para librarse de ingresar en prisión. Días antes fue detenido, a petición del juez, por riesgo de fuga.
Movimientos económicos
Recientemente, el juez acordó enviar a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Madrid por «si fueran constitutivos de delito» los movimientos detectados entre las cuentas bancarias de Miguel Ángel y José María Flores y empresas con sede en Panamá y Ecuador.
El auto era el resultado de la pieza separada abierta por Palop hace un año para investigar el patrimonio de los hermanos Flores, promotores de la fiesta que acabó en tragedia en el Madrid Arena, y una de sus empresas, Diviertt.
Para ello se intervinieron varias líneas telefónicas de los imputados así como de personas relacionadas profesionalmente con ellos, sumando a eso los datos aportados por la Agencia Tributaria. El pasado 10 de octubre la Unidad Central de Delincuencia Financiera y Fiscal (UDEF) presentó un informe al juzgado de instrucción 51 con las pesquisas realizadas.
En el informe, como reza el auto, «se comprueba haber existido distintos movimientos de capital entre sociedades sitas en Ecuador y Panamá y empresas o cuentas bancarias a nombre de los imputados y la mercantil que regentan».
A la vista del informe policial, el juez decide dar traslado a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Madrid «por si los hechos referidos fueran constitutivos de delito a fin de que se practiquen las gestiones oportunas».