El abogado defensor del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha anunciado a la Audiencia Nacional su intención de presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de nulidad de actuaciones por violación del derecho fundamental a la libertad personal y a la presunción de inocencia de su cliente, tras la cuarta denegación por parte de la Sala de lo Penal de su puesta en libertad.
La Sección Cuarta rechazó el pasado lunes por cuarta vez la petición de salir de la cárcel de Bárcenas en un auto en el que señalaba que las alegaciones contenidas en su último recurso son «inconsentibles y en todo caso carentes de la más mínima relevancia jurídica, es decir, gratuitas a todos los efectos».
Indicaba que los «calificativos o expresiones» utilizados en su último recurso por el abogado Gómez de Liaño, son «impropias» y le advertía de que «el derecho de defensa no es ilimitado y no ampara bajo su manto 'censuras respetuosas' –como las definió el letrado– de este tipo».
El letrado ha acompañado su anuncio de recurso ante el TC, presentado esta mañana, de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que indica que estas palabras le producen «varios sentimientos», comenzando por el de sorpresa.
«Nadie que examine mi recurso con ojos limpios, cómo sinónimo de imparciales, puede asegurar de las expresiones contenidas en él sean ofensivas, vejatorias o incluso descorteses», dice Gómez de Liaño.
«Dolor y decepción»
El abogado acusa a la Sección Cuarta de actuar de forma «intempestiva y errónea» e indica que las críticas a sus alegaciones vertidas por los magistrados de la Sala le producen «malestar». «Si no llega al dolor es porque se mezcla con la decepción», añade.
El letrado argumenta su decisión de presentar un incidente de nulidad ante el TC en su convicción de que mantener a Bárcenas en prisión «no está justificado de manera razonable y proporcional a sus circunstancias personales». «Las razones que dicen tener para mantener a mi defendido en prisión son tan parcas como endebles», agrega. «La prisión provisional que soporta desde hace más de una año es un agravio al derecho a la libertad, a la Constitución y a la Justicia», concluye.