El juez que investiga la presunta trama de las ITV ha ordenado al Servicio de Vigilancia Aduanera que investigue el patrimonio del diputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol y de su esposa, Anna Vidal, por «una posible recepción de ingresos irregulares y ajenos a su actividad profesional».
En una providencia, el juez Enric Anglada pide investigar el periodo comprendido entre 2007 y 2009, tanto en lo relativo a bienes financieros como patrimoniales.
Así lo ha ordenado a petición de la Fiscalía, que sospecha que Pujol exigió a un empresario 30.000 euros –presuntamente cobrados a través de su esposa– por votar a su favor en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008.
Además, el juez ha pedido a la Delegación Provincial de Hacienda en Barcelona una copia de las declaraciones de renta y patrimonio del político y de su mujer –los dos están imputados en el caso de las ITV– de los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009.
Por orden del juez, Anna Vidal y Sergi Alsina –empresario, amigo del político y también imputado– deberán aportar la «justificación documental» de los trabajos que la esposa de Pujol hizo en el último trimestre de 2007 para la sociedad Alta Partners –de este empresario–, para comprobar si se corresponden realmente a servicios realizados.
Entre las diligencias ordenadas en esta providencia, el juez también ha solicitado al Parlamento catalán que aporte variada documentación sobre la Ley de Seguridad Industrial del 23 de julio de 2008: la fecha de presentación por parte de CiU, la de la presentación de las enmiendas transaccionadas, y la de la aprobación de la ley y del reglamento que la desarrolla.