La Generalitat ha elegido el modelo de urna que recogerá los votos de la eventual consulta de autodeterminación prevista para el 9 de noviembre en Cataluña, de cartón y que elaboraría el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire) de Lleida.
Según ha publicado este viernes 'La Vanguardia', se trata de una caja plegable con una ventana plastificada en los dos laterales, con un coste de poco más de dos euros la unidad, que sustituiría a la tradicional urna de plástico, de un precio superior.
De instalarse unas 6.000 unidades, la Generalitat eludiría la convocatoria de un concurso público para su adjudicación.
También ha elegido el modelo de papeleta, con la pregunta en catalán y en castellano en cursiva por debajo, que recoge la pregunta doble que el Govern y los partidos favorables a la consulta acordaron en diciembre.
La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, remitió cartas a los 947 ayuntamientos catalanes para pedir la colaboración en la consulta, de los que han respondido 411, y en los que han rechazado la propuesta el Ejecutivo catalán trabaja para situar los puntos de votación en edificios de la Generalitat.
Según el rotativo, la Generalitat prevé aprobar el martes la creación del registro de catalanes en el exterior para facilitar el voto, y el Parlament la ley de consultas no refrendarias en septiembre.
En un artículo en el mismo rotativo bajo el titulo 'Todo estará listo', la vicepresidenta asegura que las instituciones catalanas cumplirán la ley y que organizar un proceso de estas características requiere una compleja organización, por lo que el Govern lleva trabajando «discretamente» meses y que estará a punto para el 9 de noviembre.
«Hace meses que trabajamos discretamente en la logística: la organización y distribución de los puntos y de participación, el control y supervisión del proceso y de sus datos, los horarios, los locales, las papeletas, las urnas, la selección de los miembros de los puntos de puntos de participación…», ha añadido.
Ha afirmado que el Govern trabaja para que «todo el mundo pueda manifestar su opinión en libertad, sin presuponer resultados», y que el operativo garantizará una consulta transparente, internacionalmente incuestionable y con plenas garantías jurídicas, y para la que desea una participación mayoritaria.
Ortega ha asegurado que se avanza hacia la consulta «con decisión, pero sin renunciar al diálogo», para lo que sería más fácil si el Estado apoyara su celebración y ha considerado extraño que desde algunas instituciones solo lleguen impedimentos para ejercer el derecho a voto.