El exconseller y exportavoz del PP en las Corts y actualmente diputado No Adscrito, Rafael Blasco, ha decidido presentar «de manera inmediata» su dimisión como parlamentario en las Corts Valencianes, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el 'caso Cooperación', que le condena a ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar con ayudas destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua.
Según han informado fuentes próximas a Blasco, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía considera que el fallo del tribunal es «profundamente injusto» y por ello, de común acuerdo con su defensa han decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
De esta manera, ha expresado su confianza en que «al final se demuestre su inocencia» de la cual está «absolutamente convencido». De hecho Rafael Blasco mantuvo su inocencia a lo largo de toda la instrucción y hasta el último día del juicio, en el que hizo uso de su última palabra para defender que «siempre» había estado al lado de la ley.
El juicio por esta primera pieza del 'caso Cooperación', fruto de dos años y medio de investigación judicial que comenzó en un juzgado ordinario de Valencia, versó sobre posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.
En total, en esta causa figuran nueve acusados: Rafael Blasco, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la extinta Consejería de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás. Todos ellos negaron su participación en ningún fraude.
La Fiscalía pedía un total de 14 años de cárcel para el exconsejero, a quien acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental.