La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este miércoles en el Congreso que fue el PSOE el que inició la reforma de la jurisdicción universal en 2009, una reforma que ha defendido por «clarificar el sistema procesal» y homologarlo a países de nuestro entorno. Así, ha reproducido los argumentos esgrimidos en su día por un senador socialista para sostener que este partido «hace una cosa en el Gobierno y otra en la oposición y no les cree nadie, y así están como están».
Sáenz de Santamaría ha respondido de este modo a una pregunta que le ha realizado la portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, durante la sesión de control al Gobierno, y que ésta ha aprovechado para afirmar que si la vicepresidenta ve más alegría por las calles será porque se ha cruzado con los 43 narcotraficantes cuya excarcelación ha propiciado esta reforma. Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido que la falta de jurisdicción no significa impunidad ante la pregunta por el mismo tema que le ha realizado UPyD.
A lo largo de su intervención, la vicepresidenta ha recordado que tras la reforma el sistema procesal español se asemeja al de países como Francia, Alemania e Italia, cuyos ordenamientos no cree que puedan calificarse de «chapuza», y lo hace además de acuerdo con los tratados y convenios internacionales, que la limitan en este ámbito.
Para Rodríguez, sin embargo, se trata de una reforma «infame en su contenido y vergonzosa en su tramitación», en primer lugar porque «garantiza la impunidad de los autores de los peores crímenes y de las violaciones de derechos humanos y abandona a las víctimas españolas de estos delitos», dañando además la reputación de nuestro país.
Ley «ilógica y chapucera»
Sobre la tramitación, que fue la de Proposición de Ley por parte del grupo popular en el Congreso, dijo que fue «vergonzosa» y que buscó que «el Consejo General del Poder Judicial no realizara el informe obligatorio y le dijera lo que luego les han dicho los jueces que tiene que aplicarla, que es un ley ilógica, una chapuza, contraria a los convenios internacionales firmados por España y además inconstitucional».
En este punto, la diputada socialista ha acusado directamente a la vicepresidenta, en su condición de encargada de relaciones con las Cortes, de autorizar su presentación en trámite de urgencia y aprobar su publicación en el BOE en menos de 48 horas.
«Por eso le pido y le exijo que deje de mentir que al final no le vamos a creer dice ni en Moncloa ni en e hemiciclo ni lo que dice chillando en los pasillos del Congreso», en alusión, sin citarlas, a las palabras de Sáenz de Santamaría alusivas a que nunca había recibido «sobre» o cobrado en 'negro' de su partido. El PSOE exige una rectificación antes de impugnar la reforma ante el Tribunal Constitucional.
Ante estas acusaciones, Sáenz de Santamaría leyó una intervención del senador socialista Arcadio Díaz Tejera con ocasión de la primera reforma de la jurisdicción universal en 2009 en las que éste justificaba las limitaciones a la jurisdicción universal en la necesidad de evitar «una especie de neocolonialismo jurídico» en virtud del cual los países desarrollados le dicen a otros lo que tienen que hacer y se dirige a «todo el mundo 'urbi et orbi' poniéndose a todo el universo en el cogote».
Estas alusiones merecieron la protesta de la bancada socialista, lo que obligó al presidente Jesús Posada a pedir silencio. Tras ello la vicepresidenta recordó que Rodríguez era número dos de Exteriores cuando el PSOE aprobó su reforma.
Gallardón frente a UPyD
La segunda pregunta de la sesión, realizada por la diputada de UPyD Irene Lozano al ministro de Justicia también versó sobre la reforma de la jurisdicción universal. La parlamentaria le ha acusado de mejorar las condiciones de vida de los delincuentes internacionales a la vez que empeorar la de los españoles.
Ruiz-Gallardón ha insistido en que Lozano confundía jurisdicción con impunidad y puso el ejemplo de «un ciudadano mexicano le compra droga de origen colombiano a un ciudadano canadiense en Nueva York» para señalar que España no tiene capacidad para juzgar este hecho y eso no significa que quede impune. Ha añadido que el Gobierno no es el que ha acordado las excarcelaciones.
La diputada de UPyD le ha respondido que 13 de los 16 jueces de la Audiencia Nacional discrepan de la reforma y que «algo sabrán respecto al castigo y la impunidad», y que el balance de su gestión es el de «liberar terroristas y a los peores asesinos de la España negra» además de triturar la separación de poderes. «Los errores en política se solventan dimitiendo», ha añadido Lozano.
Ante estas acusaciones, el ministro de Justicia ha recordado que el trabajo que funcionarios, policías y fiscales españoles han realizado respecto a la jurisdicción univesal se han saldado en una única condena -la del represor argentino Adolfo Scilingo-, y que a su Gobierno no puede imputársele las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la excarcelación de terroristas y otros condenados.
«¿Querría que no lo acatase, que nos declaráramos en rebeldía?», le ha contestado, para finalizar señalando que será el Tribunal Supremo el que resolverá finalmente sobre las excarcelaciones de narcotraficantes.