La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes 230.000 euros en fianzas de responsabilidad civil para dos exdirigentes del sindicato UGT imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Ante la juez Mercedes Alaya han comparecido a lo largo de la mañana de este lunes una decena de imputados, que en su mayoría se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, misma estrategia que han adoptado la mayor parte de los encausados que han sido citados por la magistrada en las últimas semanas.
La magistrada también había citado este lunes a José María Ruiz-Mateos Rivero, quinto hijo del empresario jerezano imputado en la causa, quien no ha comparecido ante Alaya después de que su abogado haya presentado un escrito en el que da cuenta de que tenía que asistir hoy a un juicio en Madrid que había sido señalado con anterioridad.
Entre los imputados que han comparecido ante la instructora se encuentran el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, para quien el Ministerio Público ha solicitado una fianza civil de 200.000 euros, y Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén para quien la Fiscalía ha pedido una fianza civil de 30.000 euros.
La juez considera que este último imputado formaba parte inicialmente de la Asociación para la Promoción de Trabajadores de Hijos de Andrés Molina y, «a través» del ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas y las relaciones que éste mantenía con los responsables de la Consejería de Empleo, consiguió que su esposa, imputada también en la causa, fuera incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa.
También han comparecido ante la juez Alaya Miguel Errecalde, quien era director gerente de Cenforpre y para quien la Fiscalía ha solicitado una fianza civil de 634.000 euros, y Ramón Polo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén) que fue incluido en el ERE de Gres Vilches pese a no haber trabajado nunca para esta empresa.
Fianza civil de 8 millones para el presidente de Inversal
Este imputado sí ha contestado a algunas de las preguntas que le han planteado las partes y ha asegurado que sí trabajó durante seis meses en esta empresa, tras lo que el Ministerio Público ha interesado que se le imponga una fianza civil una vez se cuantifique la cantidad que realmente cobró.
Igualmente, ha comparecido ante la juez Ramón Moreno, quien, como presidente del consejo de administración de Industrias del Guadalquivir (Invirsal), habría participado en la trama a cambio de que a su hermana, María Dolores Moreno, también imputada en la causa, se le hiciera beneficiaria de una póliza de rentas.
En este sentido, la Fiscalía ha interesado una fianza civil de ocho millones de euros para Ramón Moreno y de 4.000 euros para su hermana.