El rey Juan Carlos ha perdió con la estampa de su firma en la Ley de Abdicación su protección judicial. A partir de ahora el monarca pasa a ser, en materia judicial, un ciudadano. Don Juan Carlos puede ser imputado, llamado a declarar y sentenciado por cualquier juez. La sensación de desprotección a penas le durará 24 horas. El PP presentará el próximo viernes una enmienda a la Ley Orgánica Complementaria de la ley de racionalización del sector público para tramitar el aforamiento total y urgente del hasta ahora monarca.
La enmienda será registrada el mismo viernes en el Congreso de los Diputados para garantizar la inviolabilidad total del rey tanto civil como penal.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el pasado viernes que el Ejecutivo tenía «perfectamente elaborado el contenido» de esa modificación y la «manera de hacerlo».
El aforamiento constituye un tipo de protección jurídica que consiste en que, si al aforado le imputan algún delito su causa la verá directamente el Tribunal Supremo, en lugar de un tribunal de primera instancia.
Sáenz de Santamaría precisó aun así que la figura de don Juan Carlos seguiría siendo inviolable para aquellas actuaciones que tuvieran lugar durante su mandato.