El Gobierno asegura que los solicitantes de asilo con la petición admitida a trámite –y el permiso de residencia correspondiente– que se encuentran en Ceuta y Melilla no cumplen requisitos «documentales ni materiales» para entrar en la Unión Europea y que si les dejase viajar a la Península, se arriesgaría incumplir la normativa comunitaria.
Lo explica en una respuesta parlamentaria por escrito al Grupo Izquierda Plural, en la que expone sus motivos para restringir la libertad de circulación de estos ciudadanos que tras alcanzar las ciudades autónomas, pidieron asilo, su petición fue aceptada y está siendo sometida a estudio.
Diversas organizaciones, el Defensor del Pueblo y el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) vienen reclamando que se permita el traslado de los solicitantes de asilo que actualmente pueblan los desbordados Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para que puedan iniciar su integración en la sociedad española.
El Gobierno aduce que rechaza estas recomendaciones porque España, al entrar en la UE, firmó expresamente que «en aplicación de su legislación nacional y con el fin de verificar si los pasajeros siguen cumpliendo las condiciones (…) en virtud de los cuales fueron autorizados a entrar en territorio nacional en el momento del control de pasaportes en la frontera exterior» mantendría «controles de identidad y documentos en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla».
«A este mismo fin España mantendrá controles sobre los vuelos interiores y sobre las conexiones regulares por trasbordador que salgan de las Ciudades de Ceuta y Melilla con destino a otro Estado parte del Convenio«, decía el anexo suscrito por España en el tratado de adhesión al espacio común europeo.
Estas «condiciones» son las que recoge el artículo 5 del Reglamento comunitario sobre el Código de Fronteras del espacio Schengen y en el que se detalla que sólo podrán acceder a la UE quienes dispongan de un documento de viaje «válido», del visado en caso necesario, o de un permiso de residencia expedido en cualquier Estado miembro.
Este artículo incluye además una previsión: «Por motivos humanitarios, de interés nacional o por obligaciones internacionales, todo Estado miembro podrá autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países que no cumplan alguna de las condiciones».
Pese a ello, el Gobierno argumenta que en los solicitantes de asilo con la petición admitida a trámite, «no se cumplen los requisitos para el cruce desde las ciudades de Ceuta y Melilla a la Península, tanto de índole documental como material» que marca ese artículo y que es por ello que «con carácter general, no puede admitirse la Recomendación en cuestión, so pena de incumplir la normativa comunitaria existente al respecto».
«Ni pies ni cabeza»
Para el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, la postura del Gobierno es «sólo un atropello más». «Es un incumplimiento de la ley, es una limitación por las bravas de un derecho fundamental basado en un argumento que no tiene ni pies ni cabeza», ha afirmado en declaraciones a Europa Press.
Esto se debe no sólo al hecho de que la Convención de Ginebra sobre asilo y refugio «está por encima del tratado Schengen» sino a que el mismo tratado permite esta posibilidad, aunque el Gobierno quiera negarlo, por una «manía de tratar a todo el mundo como si fueran inmigrantes irregulares, incluso a personas que han demostrado fundamento suficiente como para que se les estudie la solicitud de asilo».
«Estas personas están acogidas a la legislación internacional y a la Convención de Ginebra, que obliga al Gobierno español y les reconoce sus derechos. El permiso que tienen les sirve para residir en cualquier lugar de España y para circular por toda la UE, aunque no para establecerse en otro Estado miembro», ha explicado.
Para Solans, «mientras los tribunales no pongan coto a esta constante prevaricación y deseo del Gobierno de incumplir la ley», ésta quedará por encima de cualquier otra consideración. «Es un atropello más en materia de extranjería, donde parece que todo vale», ha sentenciado.