sábado, septiembre 21, 2024
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Los sindicalistas denuncian una persecución jurídica

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Por ‘los 8 de Airbus’, por las dos jóvenes gallegas, por Carmen y Carlos. Cientos de sindicalistas se manifestaron este martes en la Plaza de Callao de Madrid para denunciar la persecución jurídica que están teniendo.

Por primera vez desde el año 1973, es decir, desde la época del régimen franquista, España vuelve a condenar a los sindicalistas con penas de cárcel. En total hay 57 procedimientos abiertos con más de 200 imputados en los tribunales del país. Ya ha tenido lugar la primera sentencia de prisión para dos huelguistas de Granada. Carlos y Carmen están condenados a 3 años y 1 día por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Actualmente en España hay 57 procedimientos abiertos con más de 200 imputados

A partir de ésta sentencia del pasado mes de junio, el resto de sindicalistas que se encuentran en la misma situación tienen miedo.

Los trabajadores de la fábrica de Getafe de Airbus, más conocidos como ‘los 8 de Airbus’, esperan también a conocer su sentencia. La Fiscalía pide 8 años y 3 meses de cárcel para los participantes de la protesta, la condena más alta que se ha presentado hasta el momento.

El altercado en la factoría de Airbus ocurrió durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, donde se sucedieron una serie de enfrentamientos directamente con la policía que se encontraba afincada a las puertas de la factoría desde primera hora de la mañana. Según relata el secretario general de la sección sindical interempresas, Antonio Martín Jurado, los agentes mostraban «una actitud provocadora”. Todo comenzó cuando uno de los trabajadores intentó entrar a la empresa y se “chocó” con los compañeros que estaban taponando la puerta. La Policía disparó al aire y acabó en un enfrentamiento que se saldó con varios heridos en el botiquín.

No son solo sindicalistas los que sufren las acusaciones, también los propios trabajadores. T. V. y A. O. acudieron a una huelga en las piscinas de Ponte Muíños (Pontevedra) en 2010. Ambas fueron acusadas de «un delito de coacción a los empleados» y condenadas a 3 años y 1 día de prisión tras haber recurrido una primera sentencia en la que se les imponía 6 meses de cárcel. Han pedido el indulto y están a la espera de que se les conceda.

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