Las defensas del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y del exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán han mantenido la pena de inhabilitación que solicitan para el juez instructor Elpidio José Silva por sus «aberraciones jurídicas» y han considerado que tenía como «único objetivo» enviar al exbanquero a la cárcel y que «hizo todo lo posible» para que se difundieran sus correos corporativos en los medios de comunicación.
Así se han pronunciado en la última sesión del juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados al juez Elpidio Silva por presuntos delitos de prevaricación continuada, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos ilícitos contra la libertad individual de Miguel Blesa. La Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de pena de 30 años de inhabilitación al entender que «ha cometido uno de los delitos más graves que puede cometer un juez». «Con el juez Silva, la justicia va a estar desahuciada, por eso no puede ser juez», ha sentenciado el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix.
Asimismo, la defensa de Blesa ha mantenido su petición de 40 años de inhabilitación para el acusado, mientras que el letrado de Díaz Ferrán ha pedido apartarle durante 24 años de la función jurisdiccional por los delitos que presuntamente cometió durante la investigación del crédito de 26,6 millones concedido a este último y la compra del City National Bank por parte de Caja Madrid.
El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, ha destacado que este caso ha estado presidido por la «arbitrariedad» del juez, que cercenó el derecho de defensa de su cliente y le dejó indefenso. A su juicio, desde que abrió el procedimiento comenzaron «las aberraciones por parte de un instructor que abusó de su cargo desde el principio al fin». «Su objetivo desde el principio era Miguel Blesa y la instrucción se plegó sobre cómo encarcelarle con una mínima argumentación», ha enfatizado, para advertir que no tenía «absolutamente ninguna duda» de que Silva le acabaría enviando a prisión y que permitió la actuación de Manos Limpias para «asegurar» su «propósito criminal».
En este contexto, el juez se negó a dar un plazo de 24 o 48 horas para que depositara la fianza de 2,5 millones que le solicitó en una primera ocasión para eludir el ingreso en prisión. «No hay peor corrupción que privar de libertad a quien no lo merece, ha sido un auténtico atropello que no ha tenido nunca la más mínima relación con el Derecho», ha proseguido Aguilar. En su opinión, Silva buscaba la «foto de Blesa esposado» y «ha hecho objetivamente todo lo posible para que se difundieran los correos electrónicos de Blesa pues en su mano estaba tornar las precauciones suficientes para que no se produjera». Además, ha criticado que las reuniones a puerta cerrada del juez con Manos Limpias y la Guardia Civil eran habituales y se hacían «con descaro y sin ningún pudor».
Una carrera de «escándalos»
El letrado ha advertido de que el proceder de Silva reúne todos los requisitos de los tipos delictivos y es indiferente cuál fuera su móvil. «Me da igual que haya querido hacerse con un nombre o un prestigio para que le dieran réditos electorales o quisiera solventar los expedientes del Consejo General del Poder Judicial ajenos a Blesa», ha indicado, para añadir que los «escándalos» comenzaron «prácticamente» desde que se estrenó en la Carrera Judicial en San Roque (Cádiz).
Por su parte, el abogado de Díaz Ferrán, Nicolás González-Cuellar, ha advertido de que «una figura que concentra tanto poder» como es la de un juez instructor no puede adoptar sus decisiones «según su capricho, conforme a su criterio personal y de forma arbitraria». A su juicio, el acusado adoptó «un sinfín de medidas restrictivas» que constituyeron un «ejemplo clarísimo de una inquisición general».
El exjefe de la patronal solicita que Silva le indemnice con 50.000 euros por el daño a su honor y el sufrimiento moral provocado por la reapertura de la causa del préstamo, que tuvo una gran «repercusión mediática», y que abone el coste de su representación y asistencia letrada. La suma de la indemnización ha sido autorizada por la administración concursal y se integrará en la masa activa del concurso de acreedores. Blesa se reserva la posibilidad de reclamar la responsabilidad civil.