Los ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna actividad delictiva podrán ser trasladados a comisaría para su identificación y ser obligados a permanecer allí durante un máximo de seis horas, según el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado este viernes el texto aprobado por el Ejecutivo con numerosas modificaciones respecto al primer anteproyecto de noviembre del pasado año. Los cambios obedecen a las recomendaciones recibidas desde numerosos órganos consultivos y organizaciones sociales y que «enriquecen» el texto, según el ministro.
Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye a la denominada 'Ley Corcuera' de 1992, es «profundamente garantista» y tiene «pleno encaje» en la Constitución. Divide las sanciones en tres niveles, leves (multas de entre 100 y 600 euros), graves (entre 601 y 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros). Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo.
Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual regulación y «sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas» y, además multa, la perturbación del desarrollo de una manifestación.
Concentraciones frente al Congreso
Por su parte, las concentraciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas y se elevan a graves si además están acompañadas de una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
En este punto, ha reconocido que este proyecto de ley no hubiera influido en la absolución de los responsables del asedio al Parlament, ya que fueron juzgados por el Código Penal. Sin embargo, ha asegurado que por la vía administrativa sí hubieran tenido que hacerse cargo del pago de una multa.
Fernández Díaz ha insistido en que el objetivo es garantizar la seguridad ciudadana «sin menoscabo alguno» a los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce a los ciudadanos.
Para eso se ha servido de los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado y también ha incluido aportaciones de Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, con las que el ministro ha reconocido importantes discrepancias pero a las que ha agradecido su colaboración.
Esta normativa se tramitará en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Identificaciones sin discriminación
Otra de las novedades, según ha expuesto el ministro, es que la ley incluirá la necesidad de cumplir los principios de no discriminación y proporcionalidad en las identificaciones, evitando así legalmente las identificaciones masivas o por razones étnicas.
En cuanto a las retenciones por un máximo de seis horas, ha añadido que además se llevará un libro de registro que se remitirá al Ministerio Fiscal y se expedirá al retenido un volante acreditativo de su situación, el tiempo que ha permanecido y los funcionarios que han participado en la diligencia.