La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual para remitirla al Senado, con el único apoyo del PP, ya que PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural, Amaiur y ERC han votado en contra. Tras su paso por la Cámara Alta y aprobación en otoño de este año, la normativa entrará en vigor en enero de 2015.
Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes se han pactado nueve enmiendas transaccionales a esta ley. De las 169 enmiendas parciales presentadas al texto del Gobierno sólo se han incluido las nueve presentadas por los 'populares' y una veintena que se han incluido en las enmiendas transaccionales.
Piratería
El PP ha pactado sus enmiendas transaccionales con todos los grupos de la oposición salvo ERC, Amaiur y PNV. Entre los cambios acordados este martes, se recogen algunos relacionados con la piratería.
Concretamente, el texto ya recogía que la sección segunda de la Comisión de propiedad intelectual que gestiona el cierre de webs por actos de piratería actuar frente a las páginas que tienen como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilicitamente de forma «notoria».
Ahora, tras pasar por el Congreso, se establece que esta sección podrá intervenir siempre y cuando haya un nivel «apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen asimismo apreciable de obras –no 'notorio'– y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas».
Según ha explicado el portavoz del PP en la materia, Juan de Dios Ruano, de esta manera «se refuerzan los poderes de la comisión de propiedad intelectual, en su sección segunda, facilitándose que los autores que se sientan vulnerados en su derechos de autor puedan acudir a la vía civil». Fuentes del Ministerio añaden a Europa Press que se podrá facilitar la identificación de quiénes están detrás de las páginas web o de la subida masiva de contenidos.
En relación a las entidades de gestión, también se ha pactado determinar mejor el destino de las cantidades recaudadas y no identificadas para que se favorezcan los fines sociales de las entidades de gestión.
Discrepancias sobre la Tasa Google
Entre los puntos que más discrepancias ha generado el texto del Ejecutivo se encuentra la compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, la conocida como 'Tasa Google'.
Desde el Gobierno y el PP se defiende que en el texto legal presentado se reconoce ya a los editores y a los autores de noticias (periodistas) a ser compensados por la explotación de sus contenidos en estos agregadores. El PSOE y otrso grupos de la oposición han pedido en sus enmiendas que se amplíe la 'Tasa Google' a periodistas y fotógrafos.
Ruano ha subrayado que esta reforma parcial se 'jugará' en dos tiempos, por lo que no sólo habrá cambios en la ley que ha presentado el Gobierno en el Congreso, sino que también los habrá en el Senado, donde también podrían modificarse bastantes aspectos. De hecho, el PP ha invitado al PNV a incluir sus enmiendas que ha presentado en el Congreso que por «problemas administrativos» no ha podido.
Aún así, el Gobierno realizará una reforma de «más amplio calado» previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia, según adelantó en sede parlamentaria el responsable ministerial del ramo, José Ignacio Wert.
La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.
Wert explicó en en ese momento que con esta ley se va a «mejorar» la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se va a dar una nueva regulación del concepto de copia privada.
Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.
Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.
Otro de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia, al mismo tiempo que los grupos parlamentarios han criticado que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.