El Gobierno valora la posibilidad de ampliar la vigencia de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, que acaba el próximo mes de noviembre, dado que esta medida «continúa siendo necesaria» a juicio del ministro de Economía, Luis de Guindos, para quien las medidas adoptadas hasta ahora para proteger a los deudores hipotecarios de buena fe en situación de insolvencia sobrevenida están teniendo «un impacto positivo».
En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro de Economía asegura que el Ejecutivo está «atento» a la evolución de los desahucios que, según los últimos datos del Banco de España, cayeron un 8,87% el año pasado en relación con las viviendas habituales, aunque se incrementaron en términos generales. También se redujeron un 57% las entregas judiciales con intervención de la policía.
No obstante, durante 2013 aún se produjeron casi 39.000 lanzamientos de la vivienda habitual, lo que, en opinión del ministro, hace que «continúe siendo necesario» mantener medidas como la moratoria de dos años que se aprobó mediante decreto ley en noviembre de 2012 y que, por tanto, 'caducará' en apenas tres meses. «Valoraremos la situación y si continúa siendo necesaria, que yo creo que continúa siéndolo, por supuesto se extenderá su duración», afirmó De Guindos al respecto.
En el mismo sentido, el Ejecutivo «continuará extendiendo el horizonte temporal» de otras medidas que ha adoptado en los últimos dos años para hacer frente a este problema, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que permite a los deudores insolventes acceder a reestructuraciones de deuda, quitas o incluso la dación en pago, así como a alquileres sociales.
Medidas que, a juicio del titular de Economía, «están teniendo un impacto favorable» a la luz de los datos «positivos» que se van obteniendo. «Por tanto, mientras se den estas circunstancias (de dificultades para afrontar el pago de la hipoteca), el Gobierno continuará extendiendo el horizonte temporal de las medidas. Tenemos una predisposición absolutamente favorable, aunque aún no tenemos tomada ninguna decisión», añadió.
Venta sin deuda antes de la liquidación
Lo que sí se sabe ya es que en el decreto ley de modificación de la Ley Concursal que el Gobierno aprobará, previsiblemente, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, que se celebrará el 29 de agosto, se incluirá el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil requerido por el Tribunal de Justicia de la UE para que los deudores puedan optar a presentar recurso contra una sentencia desfavorable como ya pueden hacer los acreedores.
En esta misma normativa se incluirán cambios para hacer «más sencillas» las quitas en caso de concurso de acreedores, como ya se ha hecho para los preconcursos, y también se dará la posibilidad de que «antes de ir a la liquidación de la empresa haya una venta global sin deuda. «Eso sería más positivo tanto para la empresa y sus trabajadores, como para los acreedores», opina el ministro, que en cualquier caso descarta que se vaya a eliminar la prelación de cobro de los créditos públicos y laborales en los procesos concursales.
Con respecto a la reforma de las administraciones públicas, De Guindos avanza que este mes de septiembre el Ejecutivo hará un «análisis detallado» del efecto que han tenido las medidas ya adoptadas, tanto desde el punto de vista de los costes como de la simplificación administrativa, un ámbito en el que se ha realizado «un esfuerzo importante».
En cualquier caso, a su juicio España «en estos momentos no necesita ya medidas adicionales de estímulo de la demanda, porque ya hay una recuperación de la demanda derivada de la confianza», sino que lo «fundamental» ahora es plantear «reformas para facilitar el buen funcionamiento de los mercados de bienes y servicios», algo que a su entender tiene «mucho que ver con la eliminación de trabas administrativas».
Y es que para De Guindos el problema «fundamental» en este momento no es tanto el gasto público, que «está por debajo de la media europea en relación con el PIB», sino la «selva de normas» a las que tienen que enfrentarse las empresas, particularmente las pymes, a la hora de operar en todo el país.
«Es lógico que las administraciones territoriales regulen aspectos en los que tienen competencia, pero no es tan lógico que haya divergencias tan importantes que imponen costes a las empresas», dice el ministro, que aboga por ello por plantear medidas para «homogeneizar y simplificar» los trámites burocráticos, algo que, a su juicio, se impondrá de forma natural por la «presión social» que existe.
Frente a eso, la reforma de la financiación autonómica «no es en estos momentos una cuestión fundamental» para el Gobierno y se «abordará en el futuro», tal y como ya han avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el propio presidente, Mariano Rajoy.
Poner coto a fraudes
Por último, De Guindos considera que la otra vía de actuación prioritaria para consolidar la recuperación es mejorar la financiación de las empresas, fundamentalmente a través de cauces no bancarios. Por eso, en septiembre su departamento presentará la nueva Ley Financiera.
En dicha norma, se pondrán en marcha «todos los sistemas» para que situaciones «singulares pero graves» como la de Gowex «no se produzcan», obligando por ejemplo a que las empresas que participen en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) deban ser auditadas por firmas que cumplan unos «requisitos específicos» y que a partir de los 500 millones de capitalización bursátil deban pasar al mercado continuo. También se incrementará la capacidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para pedir información y controlar a Bolsas y Mercados Españoles (BME).
También se regulará el 'crowdfunding' «aproximándose a los países más avanzados». Entre otras cosas, se distinguirá entre los inversores no cualificados y los cualificados, que estarán menos protegidos pero tendrán cauces más flexibles, y se obligará a las entidades financieras a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación «si están al día en el cumplimiento de sus obligaciones de deuda».
En este sentido, De Guindos ya había avanzado en el Congreso que se mejorará la regulación de las titulizaciones para permitir movilizar carteras de crédito para pymes y que se perfeccionará el régimen de emisiones potenciando la transparencia y los sistemas de control y calidad de la información financiera.
En relación con la emisión de deuda privada, avanza que la CNMV tomará medidas para que la mayoría de estas operaciones se produzcan en España y no en otros países que, como Irlanda, ofrecen condiciones más ventajosas. «Es un tema de rapidez», explica, aunque también considera que la competencia es buena.
El paquete de reformas de Economía en el nuevo periodo de sesiones tras el verano se completa con la Ley de Colegios Profesionales y con la nueva Ley de Auditorías, que potenciará la independencia del auditor para que «sea escéptico ante las cuentas del auditado» y para limitar los servicios ajenos a la auditoría que pueda realizar y obligar a la rotación a partir de unos ocho años.
En cuanto al anunciado Plan de Fomento de las Exportaciones, que se definirá «en las próximas semanas», se centrará en actuaciones comerciales del ICEX y en la identificación de objetivos «especialmente interesantes o sensibles».