El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este viernes su pleno convencimiento de que en el próximo 9 de noviembre los catalanes podrán participar en una consulta soberanista: «Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer» porque hay cosas que no dependen del Govern.
En una entrevista de la emisora Rac1, Mas ha dicho que su objetivo es que la votación tenga todas las garantías democráticas para que nadie pueda cuestionar la legitimidad del resultado, aunque no ha querido desvelar algunas de las incógnitas que hay sobre la mesa, por ejemplo, cómo actuará si un Ayuntamiento no quiere colaborar a nivel logístico.
En el caso de que «las condiciones de la convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de otros», Mas ha reiterado que consensuará qué respuesta hay que dar con todos los partidos que apoyan la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP.
En la misma línea, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha considerado que la masiva participación en la manifestación en forma de 'V' convocada por la ANC y Òmnium Cultural da energía al proceso soberanista: «Tenemos mucha más fuerza de la que teníamos anteayer».
Homs considera que los ciudadanos han hecho los deberes y ahora le toca a los partidos: «Entendemos muy bien el mensaje» y ha señalado que la Generalitat no ha tenido «ningún input» por parte del Gobierno central tras la movilización de la Diada, aunque ha asegurado que el Govern sigue predispuesto a dialogar.
Por su parte, el presidente del PSC y alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha sostenido este viernes que el Gobierno tiene que «mover ficha, dialogar y negociar» con Catalunya, al considerar que la manifestación de la Diada convocada por la ANC y Òmnium Cultural ha dado el mensaje de que los catalanes quieren votar su futuro político.
Ros ha subrayado que «el Estado tiene una altísima responsabilidad que no ha querido ejercer», y le ha pedido que no intente resolver problemas políticos con soluciones jurídicas, al tiempo que calificaba la concentración en forma de 'V' como un gran acto de ciudadanía. Según él, el PSC «no puede estar con el concepto de desobediencia civil» y cree que debe votarse dentro de un marco legal.
La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Rovira, ha considerado que los asistentes a la manifestación en forma de 'V' organizada por la ANC y Òminum Cultural pidieron sacar las urnas el 9 de noviembre para poder votar en la consulta: «No nos pidieron que la convoquemos, sino que la celebremos», ha incidido.
Rovira ha subrayado este viernes que el Parlament tiene la fuerza, la legitimidad y la legalidad para celebrarla, «lo tenemos todo», y ha celebrado el carácter masivo y festivo de la manifestación soberanista, mostrándose convencida de que los catalanes «saldrán las veces que haga falta» para manifestarse a favor de la consulta.
Fiscal General
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este viernes que la Fiscalía ha estudiado «todas las posibilidades de actuación hipotéticas» en relación con la consulta independentista que planea la Generalitat de Cataluña y ha dejado claro que si se comete alguna conducta «marcada en el Código Penal la Fiscalía y los tribunales actuarán en consecuencia».
Según Torres-Dulce, si el presidente catalán, Artur Mas, saca las urnas a la calle el 9 de noviembre el plan de la Fiscalía es «el Código Penal». «Tenemos todos los instrumentos del Código Penal para ponerlos en marcha», ha dicho en una entrevista en la Ser, subrayando que este texto es el último recurso «para supuestos de ruptura de la convivencia».
Eso sí, ha precisado que el uso de esos «instrumentos» puede depender de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, ante el cual el Gobierno prevé recurrir la convocatoria de la consulta. El TC, ha explicado, puede «simplemente» suspender la consulta o «establecer condiciones».
Así, si el TC incluye «obligaciones que hay que cumplir» puede dar lugar a un delito de desobediencia. Eso sí, ha recalcado que para ello hace falta que el alto tribunal haga requerimiento para que se cumpla su autoridad, y «de forma que todos aquellos que tengan que cumplirlo lo sepan con claridad». Torres-Dulce ha añadido que un delito de sedición sería «algo mucho más grave» porque «supone el desarme absoluto del Estado constitucional».
El fiscal no ha querido precisar cuáles son los escenarios hipotéticos sobre los que ha trabajado la fiscalía, porque sería «especular» con posibilidades de «de corazón» desea que no se produzcan.
También ha afirmado que ignora «la hoja de ruta, el plan A, B o C del Gobierno» y no ha querido valorar si haría falta una actuación más política, de la misma forma que a él no le gusta que los políticos se metan en su terreno.
Preguntado por la manifestación masiva a favor de la consulta y la independencia vivida el jueves en Barcelona, con motivo de la Diada, Torres-Dulce se ha limitado a expresar su «respeto absoluto» a una forma de manifestación y de expresión que «forma parte de las bases mismas de la democracia».