La juez Mercedes Alaya ha imputado en la causa abierta por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, al que fuera consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda por dos presuntos delitos, uno continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
En un auto dictado el 11 de septiembre de 2014, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, según los atestados remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en virtud del informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, «en poco más de año y medio las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación», todo «a través de asociaciones controladas por él».
Así, entiende que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido «gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos».
Según el escrito de Alaya, pese a que las subvenciones concedidas se otorgaban además de para acciones formativas para contratar a antiguos trabajadores de Delhpi, «la relación laboral fue simulada, según la Inspección de Trabajo». Explica que estas asociaciones justificaron a la Junta haber destinado 17.921.250 euros a pagar salarios y seguros sociales, mientras que el resto se dedicó a actividades de formación, subcontratando esta actividad con otras entidades de Ojeda «cuando dicha subcontratación no estaba autorizada en la resolución de concesión, ni podía realizarse al tratarse estas asociaciones de entidades docentes según el artículo 20 de la Orden TAS 718/2008 del 7 de mayo, y de entidades vinculadas con las empresas subcontratadas según el artículo 29.7d) de la L.G.S.»
«La subcontratación se realizaría con intención de canalizar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente entre las diferentes empresas del Grupo» de Ojeda, «a fin de ocultar el verdadero destinatario de los fondos», sostiene en el auto.
Estos hechos, considera Alaya, «podrían ser constitutivos por parte de Ángel Ojeda de un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos», quedando imputado y pendiente de toma de declaración ante la magistrada.
Como se recordará, el exconsejero fue detenido el pasado 4 de agosto en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), junto a otras ocho personas, por el fraude de los cursos de formación, en la denominada operación 'Óscar', por los cargos de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida, si bien finalmente el juez decidió dejarlo en libertad con cargos y le retiró el pasaporte como medida cautelar.
La Fiscalía pidió la imputación de determinados cargos, ya que en el conjunto de la causa se están instruyendo delitos como falsedad, fraude en subvenciones o apropiación indebida, junto a posibles delitos cometidos por la Administración –éste último si se demuestra que ha habido subvenciones concedidas de forma irregular–.
Así las cosas, la Fiscalía Provincial de Cádiz ha pedido formalmente que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que asumió las diligencias de la operación 'Óscar', se inhiba del caso en favor de otro juzgado que ya investiga ese supuesto fraude, este es el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la juez Mercedes Alaya.
Se prevé que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, el juez Miguel Ángel López Marchena, decida en este mes de septiembre al respecto.
Segunda imputación
La imputación de Ojeda se suma a la del el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, quien hasta ahora era el único imputado en la causa de los cursos de formación que investiga la juez.
La juez, en un auto dictado el pasado 16 de julio, imputó a Antonio Fernández dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi, citándolo a declarar el próximo 16 de octubre.
Asimismo, en la causa la magistrada investiga también las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), todo ello después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera dicha investigación a la Fiscalía de Sevilla.
En el escrito de remisión de la investigación, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ponía de manifiesto sobre el Plan Formativo de los extrabajadores de Delphi que se han «detectado numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable» y que afectarían también a la Faffe.