El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la incorporación a la pieza separada en la que investiga la comercialización de preferentes por parte de Caja Madrid de los correos electrónicos corporativos que el expresidente de la entidad Miguel Blesa intercambió con los miembros del consejo de administración y la comisión ejecutiva del banco durante el año 2009.
El magistrado, que rechazó el pasado mes de marzo una primera solicitud para que se incorporaran los emails, ha requerido al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, y a Bankia SA que le remitan , a la mayor brevedad posible, cuantos correos consten en sus archivos.
Para salvaguardar la intimidad y los derechos de Blesa, el juez ha decretado el secreto parcial de las actuaciones por el plazo de un mes y precisado que se descartará la incorporación de todos aquellos emails que no tengan relación con la pieza investigada. La correspondencia será examinada en presencia de la secretaria judicial y el expresidente de Caja Madrid podrá asistir a su lectura junto con su abogado.
En un auto hecho público este miércoles, el juez destaca que el contenido de las comunicaciones mantenidas entre los directivos y dirigentes de Caja Madrid y, especialmente su presidente, «puede constituir un valioso acervo» para determinar la naturaleza y las circunstancias en que ocurrieron los hechos que investiga.
Asegura que los indicios con los que cuenta hasta el momento son «suficientes» para determinar que los directivos y dirigentes de Caja Madrid «sabrían o deberían haber sabido» el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo. Ahora hay que determinar –indica– «si para hacer frente a esa situación tomaron decisiones en perjuicio de sus clientes.
Pone, además, de manifiesto que la presunta estafa tiene tal transcendencia social y económica que «justifica» la intromisión en la correspondencia «en detrimento de la privacidad» de Blesa.
El juez, que ha contado con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, también destaca que el correo electrónico que examinará es corporativo, es decir, «un instrumento que se facilita a los trabajadores de la entidad para desarrollar su trabajo» y requiere a BFA y Bankia que le envíe los correos «a la mayor brevedad posible».
Segundo intento
Andreu rechazó el pasado mes de marzo una primera solicitud cursada por preferentistas personados en la pieza en la que se le pedía la incorporación de los correos electrónicos intervenidos por el juez Elpidio José Silva a Blesa, al que se acusa de prevaricación por una intervención irregular de esta correspondencia.
En aquel momento consideró que «cualquier dato que se conociese a través del contenido de estos correos electrónicos» podría generar la «nulidad de todo aquello que dicha información genere». «No cabe rehabilitar una prueba declarada nula por vulneración del derecho fundamental sustantivo», indica.
Su decisión fue confirmada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que dejó, no obstante, abierta la posibilidad de que la correspondencia electrónica pueda unirse a la causa de las preferentes a través de otros procedimientos.
Los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado destacaron entonces que si los preferentistas reclamaban «la incorporación de los correos electrónicos como diligencias de investigación», su petición debería «ser analizada de nuevo en orden a su necesidad y proporcionalidad». «Podrá accederse a ello o no», advertían.
Pruebas de la «planificación»
Preferentistas personados como acusación en la causa solicitaron incorporar los emails al considerar que la correspondencia de Blesa «puede contener pruebas de la planificación llevada a cabo desde Caja Madrid para una capitalización de la entidad mediante la venta de preferentes».
El juez Andreu admitió a trámite en junio de 2013 tres querellas cursadas por empresarios y particulares por la venta fraudulenta de participaciones preferentes. La primera de ellas fue presentada por UPyD, que solicitaba la apertura de una investigación sobre el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión del producto y pedía que se investigara a cinco directivos de Caja Madrid y Bancaja.
La investigación quedó acotada posteriormente por decisión de la Sala a la planificación para la emisión de estas participaciones llevada a cabo por la cúpula directiva de las entidades.