Medio satisfechos y medio defraudados después de hora y media de reunión. Así se han mostrado los vecinos del barrio de Tetuán tras la cita con la subdelegada del Gobierno, María del Mar Angulo, en la que han exigido la expulsión de las personas que ocupan el centro social Ramiro Ledesma. «Cuando los desalojen nos quedaremos medio satisfechos porque los desalojarán, pero se irán a otro sitio», asegura a Estrelladigital. es David Javier Sánchez, presidente de la asociación de vecinos Solidaridad Cuatro Caminos-Tetuán que ha acudido a la cita junto a otras asociaciones vecinales.
Según los vecinos, Angulo ha confirmado que se procederá a desalojar el edificio ocupado por jóvenes de ideología fascista a través de una orden judicial, pero no ha determinado una fecha concreta. Se ha limitado a declarar que «será en breve». «Lo que no puede ser es que los intolerantes nos tengan en estado de emergencia y que estemos siempre pendientes de si vienen o no vienen a molestarnos», explica Sánchez.
Por otro lado, los vecinos también han querido dejar claro que el centro social 'La Enredadera' del distrito de Tetuán «no tiene nada que ver» con el inmueble de Juan de Olías. De hecho, se han mostrado ofendidos por las declaraciones de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en las que define el conflicto como un problema de bandas. «No hay bandas. Desde el 16 de agosto se ha instalado gente en el barrio que insulta, amenaza y agrede a una parte de la población, la excluyen. Ponen otro nombre y nadie sospecha, pero ese nombre deja claro lo que son y la ideología que profesan», denuncia Sánchez. La agrupación del centro Ramiro Ledesma, que cuenta ya con cerca de 30 integrantes, bautizó el edificio 'okupado' con el nombre de un líder fascista. Además, Sánchez recalca que 'La Enredadera' lleva funcionando desde el año 2009 y que allí acuden «personas mayores, niños, gente de otro tipo y gente que no es violenta». «Nadie molesta a los vecinos», recalca.
La Policía Nacional presentó ante el juez el pasado 9 de septiembre un informe en el que fundamentaba la necesidad de que la preceptiva orden judicial se dictara con carácter de urgencia. Una vez dictada la orden de desalojo, imprescindible para actuar en el inmueble, la Policía Nacional llevará a cabo su ejecución en los próximos días.