El Metro de Madrid cuenta con un total de 9.000 cámaras de videovigilancia repartidas por toda la red. Son los 'ojos' del suburbano madrileño de cuyas grabaciones el último año se han puesto a disposición de la Policía cerca de mil videos útiles para diversas investigaciones. Entre los dos millones de personas que transitan a diario estas instalaciones, carteristas y grafiteros representan la amenaza más habitual mientras que la mayoría de intervenciones las generan las asistencias sanitarias.
Fuentes de seguridad del Metro explican a Europa Press que las 9.000 cámaras tienen una función doble: vigilar incidencias que afectan a los viajeros o aquellas que afectan al propio servicio. Por ello están repartidas a través de distintos puntos de la red, tanto en vagones como en puntos fijos. A este despliegue hay que sumarle los 1.500 agentes de vigilancia privada (contando con los destinados en Patrimonio, situados en los depósitos), una Brigada Móvil de la Policía Nacional, una Comisaría en Sol y otra en Nuevos Ministerios.
A la hora de facilitar grabaciones a la Policía se cumple la Ley de Protección de Datos en virtud de la cual, las grabaciones no se conservan más de seis días salvo cuando hay una petición judicial. De los centenares de videos que se ponen a disposición de la Policía, hay muchos que no tienen relación directa con incidentes cometidos dentro de la red de Metro sino con investigaciones de toda índole, algunas de ellas de gran interés mediático.
Bandas latinas violentas
Las cámaras de seguridad han servido en el pasado como pruebas de agresiones o peleas. Fue el caso del asesinato del joven antisistema Carlos Palomino, apuñalado por otro joven de ideología neonazi en un vagón de Metro. Las fuentes consultadas indican que este tipo de incidentes no son habituales, aunque recientemente ha habido casos protagonizados por integrantes de bandas violentas latinas. También se dan casos de agresiones a supervisores del Metro por parte de personas que quieren colarse o a los propios vigilantes por la misma razón.
La mayor parte de las incidencias son sanitarias (desmayos, lipotimias, caídas, lesiones o incluso infartos). Cuando una cámara lo capta, se activa un protocolo de seguridad a través del 112. Lo mismo sucede en caso de incendio, que se da aviso a los bomberos, o con otras situaciones de emergencia como un ascensor que se atasque con personas dentro.
Las fuentes consultadas definen como «un día tranquilo» el pasado miércoles donde se registraron 14 asistencias sanitarias, una de bomberos, la identificación de un carterista y un total de 24 personas puestas a disposición judicial.
El Metro cuenta con un centro de control donde se centralizan todos los servicios del suburbano, desde lo relativo a la seguridad hasta la megafonía. Este centro de operaciones siempre cuenta con la presencia de un efectivo de la Brigada Móvil de la Policía Nacional. Con diez años de antigüedad, está prevista su renovación para adaptarlo a las novedades tecnológicas del momento.
Carteristas ya familiares
Desde el punto de vista de la seguridad, los carteristas y los grafiteros son el principal quebradero de cabeza de la seguridad del Metro. Hasta el punto de que son muchos a los que los vigilantes que circulan por la red ya conocen e identifican a simple vista por lo que directamente se avisa a la Policía. En muchos casos estas personas tienen órdenes de alejamiento del suburbano por su reincidencia.
Las fuentes consultadas explican los carteristas pueden actuar en solitario o en grupo como era el caso del conocido como 'clan de las bosnias', que tras ser descubiertas en numerosas ocasiones finalmente se logró que un juez decretase para ellas una orden de alejamiento del Metro. Ahora se las sitúa fuera de Madrid. Afirman estas fuentes que los carteristas procuran no robar nunca más de 400 euros pues a partir de esa cantidad de dinero la acción ya se considera delito en lugar de falta.
Por su parte, los grafiteros casi siempre actúan en grupo. A diferencia de otros lugares, en cuanto un vagón aparece pintado con sprays se le retira de la circulación para retirar los desperfectos. El Metro de Madrid se persona en multitud de causas judiciales (en su mayoría juicios de faltas) con el objetivo de reclamar la responsabilidad civil por los daños ocasionados. Generalmente no se logra recuperar la compensación económica, pero a cambio sí se han logrado órdenes de alejamiento.
En estudio cómo evitar el freaude
Aunque aún se encuentra en fase embrionaria, los responsables del suburbano madrileño exploran fórmulas para evitar que la gente se cuele sin pagar. Los primeros estudios se inclinan por aprovechar la tecnología para dotar a los interventores de una mayor capacidad de reacción, aunque las fuentes consultadas admiten que es difícil.
Indican estas fuentes que pese a los años de crisis no han detectado un incremento de fraudes de este tipo en comparación con los años previos. Añaden que movimientos como el colectivo 'Yo no pago' apenas han tenido continuidad. Aseguran que la mejor manera de combatir esta tendencia de no pagar es fomentar y ahondar en la concienciación de que esta instalación se conserva con el dinero de todos los ciudadanos.