La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará y enviará este martes al Senado el nuevo proyecto de Ley de Parques Nacionales con las críticas de la oposición de que esta normativa va a permitir que el suelo de estos espacios naturales sea a partir de ahora urbanizable. En ella se prohíbe la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras, la caza deportiva y comercial, la pesca deportiva y recreativa, y la tala con fines comerciales.
Se trata de una ley que, según defendió en mayo la nueva ministra del ramo, Isabel García Tejerina, reforzará la coordinación del Estado y de las comunidades autónomas, encargadas de su gestión, para garantizar la correcta conservación de estos espacios.
Fue en enero cuando el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del citado proyecto de ley. A finales de mayo, el Pleno de la Cámara Baja rechazó, con los votos del PP, Foro de Asturias, y UPN, la petición de PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG de devolver al Gobierno el proyecto de Ley. Ahora se debate directamente en comisión, con competencia legislativa plena, para ser remitida al Senado.
Esta norma parte con la oposición de las organizaciones ecologistas, que han advertido del peligro que puede suponer incluir en la Ley «nuevas excepciones» que conlleven una rebaja en la protección de estos enclaves, en beneficio de actividades económicas o la autorización de «otras actividades prohibidas».
Tres excepciones
Para disipar estas dudas, el Grupo Popular presentó este verano en el Congreso una enmienda en este sentido, que ha sido incluida al texto del Gobierno, que aclaraba que el suelo de estos espacios no iba a ser urbanizable, salvo en el caso de tres municipios enclavados en Picos de Europa y Monfragüe, contemplados en sus respectivas leyes declarativas, según aseguró su portavoz parlamentaria, María Teresa de Lara.
En concreto, los grupos parlamentarios han presentado un total de 186 enmiendas parciales al texto planteado por el Gobierno, que reforma la anterior puesta en marcha por el exGobierno socialista en 2007 y con Cristina Narbona como ministra del ramo.
A juicio de la ministra de Medio Ambiente, es necesario reformar esta ley porque la vigente no permite cumplir «suficientemente bien» con el objetivo de conservación. «Carece de sentido que los Parques Nacionales se den la espalda los unos a los otros dependiendo del territorio en el que radiquen», ha precisado.
Novedades
Entre otras novedades que comprende esta ley se aclara que, en la fase de declaración de parque nacional, sólo se deberán identificar aquellas actividades que pudieran resultar incompatibles con la figura de parque nacional, mientras que será el plan rector el que determine las actividades compatibles.
A su vez, se establece el derecho del Gobierno a adquirir la compra de determinadas fincas situadas exclusivamente en el interior del parque. Eso sí, también plantea una excepción con los «enclavados», es decir, una finca privada que no pertenece al parque, «como sucede en El Teide».
A partir de ahora, será la Administración General del Estado, entre sus nuevas funciones, la que establezca los criterios comunes para mantener la imagen corporativa y la «debida uniformidad» del personal que por sus funciones se requiera.
A partir de ahora, a las comunidades autónomas les corresponderá la gestión ordinaria de los parques, y al Estado la creación de nuevos parques, así como la labor de coordinación de todo el conjunto, según ha defendido el Ejecutivo.
«Respeta el criterio de nuestro Tribunal Constitucional», ha asegurado en alguna ocasión la titular de Medio Ambiente, a pesar de las advertencias de los grupos de la oposición. A su vez, ha indicado que el proyecto de ley ha tenido en cuenta las observaciones del dictamen del Consejo de Estado que «ha sido favorable» a la norma.
Intervención estatal directa
Esta ley permite también la intervención estatal directa, coordinada con las comunidades autónomas, ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios, como por ejemplo en caso de incendios forestales de gran magnitud.
Se prohíbe la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras, la caza deportiva y comercial, la pesca deportiva y recreativa, y la tala con fines comerciales. «No autoriza ninguna actividad que no se estuviese realizando con anterioridad dentro de los parques», ha apostillado.
Incorpora también la posibilidad de ampliar Parques Nacionales ya declarados sobre áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, y se aumenta la superficie mínima requerida para declarar un nuevo parque en territorio peninsular de las 15.000 a las 20.000 hectáreas.
Mantiene el sistema de ayudas técnicas, económicas y financieras a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible en estas zonas y prevean la creación de «empleo verde».
En la actualidad existen 15 Parques Nacionales en España, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas y acogen una «gran riqueza de fauna y vegetación», así como las especies más emblemáticas del país. La última incorporación, en junio del año pasado, fue la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Todos los grupos de la oposición han coincidido en que esta ley supone «un retroceso» en la protección ambiental, una «degradación» de la figura de protección, incluso pone en riesgo su homologación internacional, al mismo tiempo que invade competencias autonómicas.