El Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen de los dos recursos que remitirá al Gobierno al objeto de que el Consejo de Ministros de mañana recurra ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.
Fuentes del Consejo de Estado han explicado a Europa Press que la reunión ha comenzado a las siete de la tarde y ha finalizado, aproximadamente, una hora y media después. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad y está previsto que sea remitido al Gobierno en las próximas horas, ya que la Secretaría de esta institución está detallando algunos aspectos formales del mismo.
El Gobierno solicitó este sábado al Consejo de Estado la elaboración de un dictamen sobre la constitucionalidad y su emisión en un plazo de 48 horas, con la intención de que el lunes por la mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reúna el Consejo de Ministros y ordene la inmediata interposición de los dos recursos ante el Tribunal Constitucional.
La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría fue la encargada el sábado de firmar la solicitud de informe al Consejo de Estado, en ausencia del presidente, que se encontraba de regreso de su viaje oficial a China. La solicitud fue enviada formalmente por el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien también recibirá el dictamen y lo elevará al Consejo de Ministros.
La intención del Ejecutivo es que los recursos se registren el mismo lunes. Puesto que la semana que viene no está previsto un pleno del Tribunal Constitucional, el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, deberá convocarlo con carácter extraordinario para decidir la admisión a trámite de los recursos.
Suspensión automática
La vicepresidenta del Gobierno recordó este sábado que el Ejecutivo solicitará al Alto Tribunal que suspenda la aplicación tanto de la ley como del decreto y que esta será efectiva con la admisión a trámite de los recursos. La suspensión tendrá efectos desde la misma entrada en vigor de los dos actos recurridos «y una vez suspendidos, no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarlos», advirtió
Esa suspensión tiene una vigencia de cinco meses y transcurrido este tiempo, si el Tribunal no ha dictado sentencia, debe decidir si prorroga esta medida cautelar o la levanta.
La vicepresidenta también advirtió contra la interpretación de Convergencia de que, puesto que la suspensión es cautelar, la Generalitat podría tomar medidas también cautelares para desarrollar el decreto de convocatoria.
«La suspensión es automática y produce el efecto de que no puede producir ningún efecto, de ninguna naturaleza, ninguno, ni con carácter preventivo. Se suspende y deja de producir efectos, porque se suspenderán los dos elementos, la ley y el decreto», ha respondido la vicepresidenta.
Alegaciones en 15 días
Admitida la demanda, el tribunal de garantías dará traslado de la misma al Congreso, al Senado y a la comunidad autónoma para que se persone y formule alegaciones en quince días. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le permite adoptar «cuantas medidas sean necesarias» para preservar su jurisdicción, «incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben».
Mientras tanto, el artículo 92 establece que este órgano puede «declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó».
Fuentes del Gobierno han explicado a Europa Press que existen distintas vías contra el incumplimiento, si se diera, tanto de la suspensión de la ley catalana como del decreto de convocatoria. Se podría mantener la vía de recurso ante Tribunal Constitucional, pero también acudir a la vía contencioso-administrativa.
Mas presentará el lunes el Libro Blanco de la Transición Nacional
Ya con Rajoy en España, tras su viaje a China, el lunes continuará la partida de ajedrez.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, encabezará el lunes la presentación del Libro Blanco de la Transición Nacional, que reúne los 18 informes del Consejo Asesor por la Transición Nacional (CATN) sobre el proceso soberanista y añade una síntesis de todos ellos.
El acto, que empezará a las 19.00 horas en el Palau de la Generalitat, incluirá los discursos del presidente del CATN, Carles Viver Pi-Sunyer; de la vicepresidenta, Núria Bosch, y de Mas.
Este órgano consultivo del Govern, creado en abril de 2013 para trazar el proceso soberanista y formado por 15 personas, ya se reunió el jueves con Mas para abordar este libro blanco.
El CATN ha presentado durante año y medio los informes, que abarcan muchas perspectivas del proceso, como seguridad social, defensa, relaciones comerciales entre un Estado catalán y el resto de España, autoridades reguladoras y otras estructuras administrativas que deberían crearse para cumplir las normativas europeas, integración en la comunidad internacional, poder judicial, sucesión de ordenamientos y viabilidad fiscal y financiera.
En sus trabajos, el CATN ha tratado de demostrar que el proceso es viable a nivel político y técnico, y también ha hecho estimaciones sobre el coste de poner en marcha un Estado.
Algunas de sus predicciones son que, si prospera la secesión, el PIB caería hasta un 2% por un posible boicot desde el resto de España; y una secesión unilateral y sin acuerdo con el Estado tendría un coste inicial de 4.500 a 5.000 millones de euros al mes, que se costearían mediante créditos, emisiones de deuda o 'bonos patrióticos'.
No concreta si debería crearse un ejército, pero sí que un nuevo Estado catalán debería fomentar las relaciones con Estados Unidos, ser miembro de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y valorar el papel que tiene en la actualidad la OTAN a favor de la paz.
Sobre seguridad social, los expertos aseguran que sería viable, y han detallado los procesos debería seguir Cataluña para ingresar en organismos multilaterales internacionales, como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la FAO, la OMS, la UNESCO y el Consejo de Europa, entre otros.
En cuanto a la permanencia a la UE, el Consell cree que Cataluña cumple 31 de los 34 requisitos, y quiere que el euro siga siendo su moneda, sea miembro o no de la UE.
El CATN lo forman 15 miembros: lo preside Viver Pi-Sunyer, que fue de 1992 a 2001 magistrado del Tribunal Constitucional (TC); su vicepresidenta es la doctora en económicas y especialista en balanzas fiscales Núria Bosch, y su secretario es el director general de Análisis y Prospectiva de la Generalitat, Víctor Culell.
También hay catedráticos Enoch Albertí (Derecho Constitucional), Germà Bel (Economía), Carles Boix (Ciencia Política y Asuntos Públicos), Joan Vintró (Derecho Constitucional) y Ferran Requejo (Ciencia Política).
El resto de integrantes son el doctor en Económicas y profesor de sociología Salvador Cardús, el profesor de Esade y experto en liderazgo Àngel Castiñera, el doctor en políticas Josep Maria Reniu, la periodista Pilar Rahola, y los especialistas en relaciones internacionales Rafael Grasa y Francina Esteve.