El exjuez español, Baltasar Garzón, ficha por el Gobierno argentino de Cristina Kirchner. Tal y como publica este martes el diario La Nación, Garzón es desde 2012 «coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos» para «promover la justicia universal». Una función con rango de subsecretario de Estado y un salario que ronda los 6.343 euros al cambio oficial, según registros de la Casa Rosada. Aunque según ha aclarado el protagonista al periódico argentino su sueldo es de 4.211 euros mensuales.
No es nueva la relación del jurista con Argentina. «Ganó protagonismo en este país cuando procesó en España al exdictador chileno Augusto Pinochet y a los represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo», remarca el periódico La Nación. De hecho, ya se sabía que Garzón gozaba de un empleo público en el país sudamericano desde 2012, concretamente como asesor en la comisión parlamentaria de Derechos Humanos del Congreso de los Diputados. Además, la presidenta lo nombró a través del decreto 2318/2012 presidente ad honórem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), con acuerdo de la Unesco, en representación de la cartera de Justicia.
Una relación que se hizo más estrecha justo después de que el magistrado español fuera condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante las escuchas del 'caso Gürtel'. Una condición que el periódico argentino remarca insistentemente. Es más, cuestiona la legalidad de este nombramiento. «Hay una violación flagrante del requisito básico de idoneidad que ordena la Constitución en su artículo 16 para acceder y ejercer cualquier cargo público», explica el constitucionalista Daniel Sabsay a La Nación.
El exjuez Garzón, por su parte, se ha defendido por escrito. «Sigo siendo juez; cuando concluya la condena, me puedo reincorporar de forma inmediata. Puedo ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente. Un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país, también en España», concluye.
No es un secreto la vocación política de Baltasar Garzón. En 1993, fue designado como aspirante a diputado independiente en las listas del PSOE y, al constituirse el Ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. Incluso su nombre sonó como ministrable. Hoy su rango es de subsecretario de Estado, pero en Argentina. Y depende del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dentro del Ministerio de Justicia.
Desde que en 2012 fuera apartado de la carrera judicial, ha ejercido importantes cargos como el de asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Además, también colabora con los Gobierno de Colombia y Ecuador. En el primero asesora a la Fiscalía General, y en el segundo elabora un informe para una reforma judicial.