El expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato ha aportado en la Audiencia Nacional un aval por valor de tres millones de euros para cubrir la responsabilidad civil que le impuso el juez Fernando Andreu, al considerar que podría haber cometido un delito continuado de administración desleal por el uso de las 'tarjetas B' opacas al fisco que tenían 86 exconsejeros de estas entidades, informaron fuentes jurídicas.
La defensa del exvicepresidente del Gobierno ha aportado el aval en el registro de la Audiencia Nacional antes de que se cerrara el plazo de tres días que le impuso el pasado jueves el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 tras tomarle declaración como imputado junto al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj.
El juez señalaba en su auto que Rato y Blesa habrían «consentido, aceptado y propiciado» el uso de las 'tarjetas B', que supusieron un coste de 12,5 millones de euros durante el mandato de Blesa (de 1996 a enero 2010) y de 2,6 millones durante la etapa de Rato al frente de la caja madrileña (entre enero de 2010 y mayo 2012).
Andreu aclaró este martes a Rato que ya ha descontado la cantidad de 197.459 euros, correspondiente al montante que él y otros tres exdirectivos devolvieron el pasado mes de julio a Bankia, por lo que la fianza sólo acepta a los gastos que se cargaron en Caja Madrid.
Blesa será embargado
Además de los tres millones de euros para Rato, el juez impuso una fianza por responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa, que intentó que la aseguradora de Caja Madrid, Mapfre, se hiciera cargo de este aval. En el caso de que no se depositara, el juez acordaría el embargo de sus bienes por esta cuantía.
Cuando se depositen los avales bancarios, el secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 4 citará a la entidad o persona que haya prestado el aval, de conformidad con lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 589 de esta norma obliga también a citar al afectado en persona para que aporte su lista de bienes y especifique los que desea que deben cubrir la fianza.
De igual modo, el secretario judicial apercibirá de las sanciones que podrían imponerse al imputado, cuando menos por un delito de desobediencia grave, si no presenta la lista de bienes al juzgado o incluye algunos que no sean de su propiedad o susceptibles de embargo.
De forma paralela, el juzgado acudirá al Punto Neutro Judicial y a la Unidad de Policía Judicial para acceder a la información patrimonial de los embargados y recabar sus datos bancarios, catastrales y de la Seguridad Social.
Las fianzas, que fueron impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25 por ciento que establece la ley.