El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha aportado a la secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional un listado de sus propiedades en cumplimiento de la orden de embargo por valor de 16 millones de euros, dictada por el juez Fernando Andreu. El banquero ha facilitado la relación de sus bienes en una comparecencia ante la secretaria celebrada este lunes en su domicilio de Madrid, han precisado fuentes jurídicas.
Blesa se enfrenta al embargo al no haber depositado la fianza por esta misma cuantía que le impuso el magistrado para afrontar la responsabilidad civil que podría derivarse del uso presuntamente delictivo de las 'tarjetas B' opacas al fisco, informaron fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 dictó el pasado jueves una providencia en la ordenaba el inicio del proceso de embargo después de que venciera el plazo de tres días que dio a Blesa y al expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato para que depositaran sendas fianzas de 16 y tres millones de euros por consentir esta práctica durante sus etapas al frente de la caja de ahorros.
El expresidente de la entidad intentó sin éxito que el juez requiriera a Mapfre, aseguradora de Caja Madrid, para que se hiciera cargo del aval. No presentó ninguno alternativo durante el plazo fijado por el juez para que afianzara bienes por valor de la cuantía establecida.
Desobediencia grave
Según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, Blesa tendrá que explicar si los bienes están ocupados o no, por qué personas y con qué condición (propietario, alquilado, etc).
También se le ha apercibido de la sanciones que podrían imponérsele, cuando menos por un delito de desobediencia grave, si incluye en la relación de sus bienes alguno que no sea suyo o excluye propiedades susceptibles de ser embargadas. Del mismo modo, podría ser perseguido si no desvela las cargas y gravámenes que puedan pesar sobre esos bienes.
De forma paralela, el juzgado acudirá al Punto Neutro Judicial y a la Unidad de Policía Judicial para acceder a la información patrimonial de los embargados y recabar sus datos bancarios, catastrales y de la Seguridad Social.