La Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz ha publicado en su página web las actas de las reuniones celebradas por la Comisión General de Viceconsejeros –los denominados 'consejillos'– comprendidas entre el 1 de enero de 2001 y el 18 de octubre de 2012 que la pasada semana solicitó la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Esta publicación es consecuencia de los acuerdos adoptados este lunes por la propia Comisión de Viceconsejeros, cuyo primer paso ha sido «el levantamiento del carácter reservado de las actas de las reuniones de este órgano», encargado de la preparación del contenido de las reuniones del Consejo de Gobierno.
Las actas, que comprenden más de 5.100 páginas distribuidos en más de medio centenar de archivos digitales y que se han subido a la web del Gobierno andaluz pasadas las 23.30 horas de este lunes, se entregarán de forma inmediata al juzgado.
La publicación de estas actas ha sido decidida este lunes por la propia Comisión General de Viceconsejeros, que ha acordado «levantar el carácter reservado del contenido de las actas de las sesiones» celebradas en el periodo de tiempo reclamado por Alaya «en cumplimiento de la previsión del artículo 1.5 del Decreto 155/1988, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados», entre los que se incluye la mencionada comisión.
Dicho artículo establece que el funcionamiento de la Comisión General de Viceconsejeros se ajustará a las normas establecidas para el Consejo de Gobierno por la Ley del Gobierno, que dice en su artículo 31.1 que «los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio órgano acuerde hacerlos públicos».
En este sentido, la Comisión General de Viceconsejeros ha acordado además la publicación de las citadas actas en el portal de la Junta de Andalucía en Internet «respetando los límites establecidos en la normativa vigente de protección de datos».
Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz, la publicación en Internet de las actas de los 'consejillos' reclamados por Alaya constituye una decisión «inédita en una administración pública» con la que la Junta quiere demostrar que «no hay nada que ocultar».
No obstante, y al margen de lo anterior, los Servicios Jurídicos de la Junta han elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla un recurso contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya reclamaba estas actas que no se dirige contra la solicitud de la magistrada, sino contra la argumentación de que el Ejecutivo autonómico «no puede regular ayudas sociolaborales». A juicio de los letrados de la Junta, la jueza instructora no es «competente» para dilucidar este extremo, sino el Tribunal Constitucional (TC).
En un auto conocido el pasado viernes, la magistrada pidió a la Junta dichas actas a fin de investigar si en las mismas «se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión» de subvenciones de naturaleza laboral «y acerca de la ilegalidad» del procedimiento de concesión y pago, «conocimiento indiciario que ya existía en la fase de elaboración de los presupuestos de cada año».