El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha negado este lunes que se contratara a la empresa de Alejandro de Pedro Llorca, detenido en la 'operación Púnica', para mejorar la imagen del presidente Ignacio González: “No existe un contrato dedicado a promocionar ninguna imagen y menos la mía”.
Victoria negaba así la información que publicó el diario El País este domingo en relación a la sociedad Eico Online Reputation Management SL. “El objeto es el seguimiento de noticias que afectan a la Comunidad en redes sociales y medios de comunicación digitales. Es similar al que hacen otras administraciones públicas, clubs de fútbol o incluso la propia Casa Real. Nada que ver con la imagen del presidente”, ha insistido.
El consejero de Presidencia aseguraba además que todas las facturas realizadas a esta empresa están en soporte documental formal y fiscalizadas. Victoria ha explicado que el Ejecutivo regional mantenía un contrato con la sociedad desde 2012 para que realizara el seguimiento de informaciones. Los pagos se hacían mediante facturas de 1.500 euros mensuales más IVA: “Esas facturas se dejaron de abonar el pasado mes de mayo por presiones de tesorería”, ha justificado el consejero haciendo explícita alusión a los recortes presupuestarios. “La empresa nos reclamó el pago en diferentes ocasiones, pero fui yo quien personalmente dio la orden en noviembre, una vez que se conoció la operación Púnica, para que esas facturas no fueran abonadas”.
Preguntado por la declaración que según El País hizo ante el juez José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, que señalaba directamente a Victoria como ordenante del pago a la sociedad a través de Indra, ha asegurado que no tiene veracidad. El consejero de Presidencia insiste en que la noticia no se basa en ningún documento ni entrecomilla palabras, y por tanto desconoce la información real puesto que está en secreto de sumario.
Salvador Victoria ha pedido a la Justicia que acelere la investigación por el bien de las personas afectadas que quedan indefensas al no poder contrastar la información.