El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con la mayoría absoluta del PP con el apoyo de UPN y la oposición frontal del resto de grupos parlamentarios, la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable, reduce las penas de los piquetes de las huelgas y fija penas de cárcel para los dirigentes políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros.
La Cámara Baja ha dado luz verde, con 186 votos a favor, la abstención de Foro Asturias y el rechazo de los demás grupos, a este proyecto legislativo para su remisión al Senado. En caso de introducirse mejoras, el texto volverá al examen del Congreso.
Toda la oposición ha clamado contra la introducción en el ordenamiento jurídico español de la prisión permanente revisable, un eufemismo, a su juicio, para no hablar de «cadena perpetua». En este sentido, ha acusado al PP de querer que los presos «se pudran» en la cárcel.
El nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de esta pena, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.
Las penas serán revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.
Financiación ilegal de partidos
El Código Penal dificulta además el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado, fija en 500.000 euros la cuantía para imponer cárcel por financiación ilegal –salvo que sea extranjero que será de 100.000– y mantiene el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Las personas que participan en «estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos» al margen de la ley serán castigadas con una pena de prisión de uno a cinco años de cárcel, con independencia de la cuantía de la comisión.
La oposición ha denunciado la «desproporcionada dureza» de los tipos referidos a manifestaciones y reuniones, al tiempo que ha acusado al PP de beneficiar a sus «amigos», los defraudadores y delincuentes de cuello blanco. «Con este Código Penal, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. Si repasa sus papeles nadie ha dado más de 500.000 euros, es una desfachatez», han expresado.
El texto amplía además el decomiso para que los jueces puedan ordenar la intervención de bienes del condenado procedentes de otras actividades delictivas siempre que existan indicios de su procedencia ilícita, como puede ser la desproporción entre el patrimonio y su medio de vida o el recurso de paraísos Nscales o empresas interpuestas.
Además, se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de activos procedentes del delito y se reduce la pena de cárcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
Se endurecen las penas para la explotación sexual de animales
De otro lado, la norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Asimismo, suprime el Libro III relativo a las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales. Se multa a quienes maltraten «cruelmente» a animales en peleas de gallos o perros, aunque no a los organizadores de estos combates.
Se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas. También se trasponen decisiones europeas sobre pornografía infantil, explotación sexual de menores, trata de seres humanos o inmigración ilegal.
Expulsión de europeos de territorio nacional
Excepcionalmente, un europeo podrá ser expulsado si representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, por lo cual la pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional.
Además, se agravan las penas de delitos de hurto –el límite pasa de 400 a 500 euros– y robo para aumentar la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.
Catedráticos de 33 universidades dicen que la reforma penal es reaccionaria
Más de 60 catedráticos de Derecho Penal en 33 universidades públicas españolas han hecho público un manifiesto en el que critican duramente la reforma del Código Penal, que afirman bebe de las fuentes más «reaccionarias» y sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, lo que a su juicio «pisotea» la dignidad humana.
«Las reformas propuestas beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas», advierten en el comunicado.
En relación con iniciativas concretas, como infracciones actualmente consideradas faltas relativas a accidentes de tráfico, los penalistas critican que de forma consciente por una «privatización» que va a provocar que el ciudadano «cargue con el pago de tasas, costas y peritajes, lo que le llevará en no pocas ocasiones a renunciar a reclamaciones para mayor bene@cio de las compañías de seguros»,
Advierten igualmente que se produce un «indeseado incremento de la gravedad de no pocas conductas, especialmente por la conversión de faltas en delitos» a lo que se suma el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas -pueden llegar hasta los cuarenta años- y a la previsión de «una injustificable pena de cadena perpetua».
«Con todo ello el único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada, lo que por otra parte no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana», argumentan los expertos.
Lo más grave para los profesores, sin embargo, es el «claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad», puesto que a su juicio «la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a «administrar» la peligrosidad».
Advierten, en relación con la seguridad, que el Gobierno ha reducido drásticamente las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional y entregado a las empresas privadas ámbitos enteros de la seguridad -comenzando por las prisiones-, y habilitando a estas entidades «para que mediante las oportunas comisiones provinciales, autonómicas y nacional decidan en cada momento el modelo de seguridad y las iniciativas a tomar a ese respecto».
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, al a que también se refiere el documento y que también se tramita en el Congreso, apuntan que «el Gobierno pretende restringir el derecho de reunión y manifestación» y que para ello eleva a concepto de referencia no el de «orden público» entendido como normalidad en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana. «De ahí las fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las fuerzas de seguridad, que podrán estar apoyadas, no se olvide, por miembros de las policías privadas».
«Entendemos que nos encontramos ante un verdadero estado de necesidad política provocado por la deslealtad democrática del actual Gobierno, quien mediante las denunciadas iniciativas legislativas está elaborando una urdimbre jurídica extraordinariamente alejada de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales, y mucho más próxima a un sistema autoritario que francamente creíamos ya olvidado», concluyen.
Por todo lo anterior, solicitan a la mayoría parlamentaria que se constituya tras las próximas elecciones generales, «que considere la necesidad de derogar, de raíz y sin excepciones, las leyes de seguridad privada, seguridad ciudadana y la nueva reforma penal; y que sólo posteriormente, y con el consenso más amplio posible y los mejores modos democráticos, pacten con los grupos parlamentarios las reformas penales, administrativas y procesales que verdaderamente resulten necesarias para el mejor gobierno de la nación y la tutela de todos los ciudadanos».
Firman el mani@esto más de sesenta catedráticos de Derecho Penal de universidades como la Carlos III, Rey Juan Carlos y Complutense en Madrid, la Autónoma de Barcelona, Santiago de Compostgela, Cádiz, Cantabria, Valencia, Granada y Zarazoza entre otras.