El terrorismo sufrido en París el pasado 9 de enero impulsa todo tipo de acuerdos del Gobierno relacionadas con la seguridad: normativa hace unos meses descartada, planes que llevan dos años en elaboración. El momento parece también propicio para atender peticiones de Estados Unidos para incrementar de forma permanente su actividad en las bases militares de Rota y Morón.
El Consejo de Ministros de este viernes ha autorizado la negociación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, con el fin de acomodar el despliegue por tiempo indefinido en la base aérea de Morón de la Frontera de una fuerza militar de respuesta para crisis de los Estados Unidos de América.
Esta decisión convertirá en permanente y aumentará el despliegue en España de la SP-MAGTF CR (siglas de la fuerza de respuesta rápida de Infantería de Marina establecida en Morón), que ya ha actuado en varias crisis en el continente africano, entre ellas en Yibuti, Uganda y para apoyar a las evacuaciones de estadounidenses durante el conflicto en Sudán del Sur.
El Gobierno autorizó en abril de 2013 la instalación en Morón de 500 marines para cubrir las amenazas que en esos momentos se estaban produciendo en la zona del Sahel, y también más al norte de África, a las legaciones diplomáticas de los Estados Unidos, principalmente el ataque contra su Consulado en Bengasi, la capital de Libia, donde murieron cuatro norteamericanos, entre ellos el embajador.
España se ha convertido en la base operativa de EEUU para África y el Mediterráneo
Esa autorización, en principio temporal, fue prorrogada y ampliada en marzo de 2014, pasando el despliege hasta 850 marines y duplicando los medios aéreos, de seis a doce sus aviones de transporte MV22B Osprey y de dos a cuatro los aviones de repostaje KC-130J. Se añadió a los cometidos de la fuerza el de adiestramiento y ejercicios bilaterales y multilaterales en Europa y África.
El pasado diciembre, Estados Unidos solicitó una nueva ampliación, la estudiada este viernes en el Consejo de Ministros, que obliga a modificar el convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos, suscrito el 1 de diciembre de 1988, por el cambio de naturaleza en las misiones y el volumen de los medios.
«Atendiendo a la situación de inestabilidad internacional -dice Moncloa-, en 2014 Estados Unidos solicitó que el despliegue temporal en la Base Aérea de Morón de la Frontera de una fuerza de infantes de marina de los Estados Unidos continúe por un plazo indefinido, que se incrementen los niveles máximos de fuerza y aeronaves autorizados, y que se amplíen las misiones y cometidos a desempeñar por esa Fuerza para asegurar, no sólo la protección de los ciudadanos e instalaciones estadounidenses, sino también los de España y los de los demás miembros de la OTAN en África, Europa y Oriente Medio, así como apoyar el adiestramiento conjunto con las fuerzas armadas españolas. A fin de acomodar dicho despliegue por tiempo indefinido, es preciso proceder a una enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa», añade.
En este sentido, el Consejo de Ministros ha autorizado a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, y de Defensa a negociar conjuntamente con los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos el correspondiente Protocolo de Enmienda.
A la base de Morón se suma el incremento sensible de la actividad de la base de Rota como eje del componente naval del escudo antimisiles de Estados Unidos y la OTAN, que ha supuesto la llegada de dos destructores norteamericanos en 2014, más otros dos previstos para este 2015, que operan desde la base gaditana por todo el Mediterráneo e incluso por el mar Negro que baña el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El despliegue norteamericano, con las ampliaciones aprobadas en los últimos años, convierte España en la base operativa de Africom, el mando militar de Estados Unidos para África y gran parte del Mediterráneo.
Reunión del Consejo de Seguridad Nacional
Por otra parte, el Gobierno continúa estudiando un denominado Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, anunciado reiteradamente desde hace más de un año por el Ministerio del Interior.
Una hora antes del Consejo de Ministros se ha reunido también en Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional. Presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «ha analizado el terrorismo yihadista desde una perspectiva integral atendiendo a sus causas e implicaciones en diversos planos», según ha informado Moncloa.
El Consejo ha abordado, «prioritaria y ampliamente», la situación de seguridad a raíz de los últimos atentados terroristas ocurridos en París. En este sentido, el presidente del Gobierno ha enfatizado que «la prioridad del Ejecutivo es reforzar la seguridad sin menoscabo de nuestros derechos y libertades».
Los atentados de París han creado el momento propicio para todo tipo de iniciativas sobre seguridad
Por su parte, el ministro del Interior ha explicado las líneas principales del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, que será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros. Igualmente, los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa, así como el secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia, han expuesto el conjunto de medidas adoptadas hasta el momento, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.
El objetivo del Consejo de Seguridad Nacional es reforzar las capacidades del Estado y articular las mejores iniciativas de prevención, detección y respuesta a los riesgos y amenazas a la seguridad de la manera más cooperativa e integrada posible. Este organismo, que se reúne con periodicidad bimestral, ha celebrado hoy su primera reunión de 2015.
Ley Orgánica de Seguridad Nacional
Los acuerdos de este viernes se suman al Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional que impulsó el Gobierno hace una semana, repescando un proyecto abandonado durante buena parte de 2014, con el objetivo de «adecuar el sistema actual a los nuevos riesgos y amenazas para los ciudadanos». Asimismo, la norma contempla actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta antes situaciones de crisis. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 emplazaba al Gobierno a elaborar el citado anteproyecto con plazo límite de enero de 2014.
El sistema estará bajo la dirección del presidente del Gobierno, al que apoyará el Consejo de Seguridad Nacional. En la elaboración del documento, que se remitirá al Consejo de Estado para su dictamen, han participado los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Defensa, Interior y Presidencia.
Soraya Sáenz de Santamaría señaló que «la finalidad del Sistema de Seguridad Nacional es el funcionamiento óptimo, flexible e integrado de todos los recursos de que dispone el Estado para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos y la defensa de nuestros valores democráticos».
En este sentido, argumentaba que la futura ley orgánica ofrece un enfoque integral de la seguridad nacional y una mejor coordinación entre organismos y administraciones ante desafíos como la ciberseguridad y amenazas como el terrorismo, las catástrofes naturales o la vulnerabilidad energética: «La norma detalla el sistema orgánico-institucional definiendo qué competencias tiene cada órgano superior y cada autoridad», en palabras de la vicepresidenta.
Una novedad recogida en el anteproyecto es la regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional, que cubre el vacío normativo existente entre las crisis más graves, en las que se pueden adoptar los estados de alarma, excepción y sitio, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales.