La reforma de la educación universitaria que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros no entrará en vigor hasta el curso 2017-2018. La decisión se ha tomado tras la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que ha aprobado la moratoria. La polémica medida consistía en implantar grados de tres años junto con dos años de Máster.
El presidente de la confederación, Manuel José López, tras la Asamblea Extraordinaria ha explicado que algunos rectores han tenido «algunas dudas» sobre la moratoria (ha habido cinco abstenciones y un voto en contra, frente a los 57 a favor) pero se ha mostrado convencido de que «en el ámbito de todos está cumplir con la moratoria».
Por otra parte, ha expresado la necesidad de que las administraciones educativas de las comunidades autónomas respeten la decisión de las universidades. «No sería deseable que las CCAA tomaran medidas contradictorias. Nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer, que es darnos dos años para pensar sobre el tema», ha apuntado.
«Es lo mejor que podemos hacer y responsablemente queremos hacerlo», ha añadido el presidente de los rectores. Aún así, ha subrayado la intención de la CRUE de implantar el sistema de grados de tres años en aquellos que, tras estudiarlo, las universidades lo consideren oportuno y ha asegurado que la conferencia «siempre se ha mostrado a favor» de la flexibilización pero con una aplicación «prudente».
No romper la cohesión del sistema
Uno de los puntos en los que ha hecho hincapié ha sido la importancia de que el nuevo decreto no lleve a romper la cohesión del sistema universitario español, por lo que ha expresado la necesidad de que la implantación se haga de forma consensuada.
En este sentido, ha invitado a las comunidades autónomas a respetar el criterio de los rectores y ha indicado que, tras el periodo de dos años, los gobiernos regionales contarán con la información y evaluación suficiente para llevar a cabo la implantación.
«Son dos años de moratoria en los que no vamos a estar esperando sino trabajando -ha explicado López- Vamos a hacer una evaluación del sistema de grados de cuatro años, que está ahora entrando en los procesos de acreditación de las titulaciones, y se están haciendo estudios de la implantación de Bolonia en los países europeos, por lo que tendremos riqueza de documentos al respecto».
Además, ha indicado que las universidades realizarán estudios del impacto económico que tendrá la implantación de grados de tres años tanto en las propias universidades como sobre los alumnos. «Los estudiantes siempre están en el fondo de nuestras reflexiones», ha asegurado. Asimismo, llevarán a cabo una labor de «información y difusión» para corregir la «confusión» que, según ha explicado, ha producido la aprobación del decreto.
Evitar el año electoral
En este sentido, ha explicado que la moratoria contribuirá también a extraer del debate electoral la medida, en un año en el que habrá elecciones tanto autonómicas como generales y en el que «gane quien gane habrá un cambio de Gobierno», según ha indicado. «Queremos que haya tranquilidad y reflexión para actuar con prudencia, sentido común y cohesión en todo el sistema universitario español, permitiendo que todos puedan ejercer su autonomía pero sobre unos criterios establecidos», ha señalado.
Por otra parte, en respuesta a las declaraciones del ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha indicado que «si las familias se ahorran 150 millones de euros, la inversión pública se ahorrará entre 750 y 800 millones de euros». «El ahorro para las familias se ha de multiplicar por seis o por siete en el caso de la inversión en Educación».
En cualquier caso, ha incidido en que las modificaciones del sistema universitario «no deberían hacerse por una cuestión económica sino con arreglo a las necesidades de los estudiantes y su empleabilidad». Manuel José López también ha explicado que algunas universidades han indicado que, en el caso de algunas titulaciones nuevas, para algunos rectores «podría ser interesante abrir grados de tres años».
Sin capacidad para prohibir su aplicación
El presidente de la CRUE ha reconocido que la conferencia «no tiene capacidad para prohibir» la aplicación de la flexibilización de los grados, pero se ha mostrado convencido de que, antes de abrir grados de acuerdo con la nueva legislación, «lo consultarán con la CRUE». «El Real Decreto lo vamos a cumplir todos, estamos todos a favor, pero me cuesta trabajo creer que alguna universidad lo vaya a implantar sin antes comentarlo a la CRUE», ha asegurado.