La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un atestado al juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas en el que concluye que distintos proveedores pagaron un total de 1.986.277,66 euros al sindicato «en concepto de rápel/comisión/descuento».
En el atestado, de más de 300 páginas, los agentes de la UCO explican los diferentes procedimientos «artificiales» cuyo diseño y puesta en funcionamiento «habrían permitido a UGT-A utilizar fondos procedentes de subvenciones públicas para formación profesional para el empleo a destinos distintos a los que debían haberse aplicado».
De este modo, los agentes hacen referencia a la imposición de descuentos a proveedores y a la aplicación de descuentos en concepto de 'rapel', descuentos que «se realizan por los proveedores mediante la emisión de una factura por parte de ellos» y que «minorarían el coste del servicio o material adquirido», aunque «ante la Administración se justificarían los gastos reflejados en la primera factura, pero no el descuento».
Los agentes, en su investigación, han analizado también la «sobrefacturación o emisión de facturas por parte de proveedores por servicios o mercancías no prestadas o servidas», una práctica «que generaría un saldo a favor del sindicato, conocido como 'bote', que se aplicaría a gastos diferentes a los subvencionados».
El bote
En el atestado, la UCO asevera que la práctica del 'bote' con varios de los proveedores «habituales» del sindicato «queda probada debido a menciones al propio 'bote' en distintos documentos contables encontrados», a lo que se suma que «se han encontrado referencias frecuentes a 'saldos' establecidos con los habituales proveedores», unos 'saldos' que «se utilizaban para controlar la diferencia entre el producto real servido y el facturado».
Además, «también del título y el contenido de algunos documentos analizados se deduce que habría albaranes que entrarían en el 'bote' y otros que no», por lo que «se confirma que la técnica de gestión de bote no solo se practicaba sino que era conocida y existía un control 'extracontable' de la misma».
En relación al 'rápel', la UCO asevera que «existe numerosa documentación que prueba que la práctica del 'rápel' era habitual y generalizada desde al menos el año 2006 y que se llegaron a devolver elevadísimas cantidades que podrían haberse utilizado para justificaciones irregulares».
Así, y respecto al funcionamiento del método del 'rápel', en la documentación analizada «se observan frases como 'se debe realizar factura a Soralpe por el concepto que diga Federico'», en relación al exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda.
El papel de Fresneda
«Esta anotación confirma una vez más que el concepto de las facturas de determinados proveedores no obedecía al producto o servicio prestado sino a lo decidido por Federico», señalan los investigadores, que precisan que las investigaciones desarrolladas «apuntan a que estos cambios irregulares en los conceptos de las facturas podrían haberse realizado para justificar las subvenciones recibidas».
«Tales anotaciones confirman» que Dolores Sánchez y José Miguel Galdeano, como responsable de compras de UGT-A, «también tenían pleno conocimiento de la actividad irregular», dicen los agentes en el atestado.
En el atestado, los agentes señalan que los proveedores «de confianza» del sindicato «para la contabilidad irregular de cara a las justificaciones» y que «realizaban en mayor o menor medida las prácticas del 'rápel' y el 'bote'» eran Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Karonte y Carpetas Abadía.
Los agentes aseguran que «en la práctica totalidad de los casos, el 'rápel' era algo que venía impuesto por contrato por parte de UGT-A a sus proveedores, con las particularidades inherentes a cada uno de ellos en atención a una serie de parámetros tales como volumen de facturación, etc, de ahí las diferencias existentes con cada uno de ellos», lo cual «viene a corroborar lo manifestado por los diferentes trabajadores del departamento de Administración de UGT-A» que han declarado ante la UCO.
En este sentido, la UCO destaca que Siosa y Karonte, «respecto de los cuales se ha observado un importante volumen de facturación, informaron que sí habían pactado con UGT-A unas condiciones concretas de 'rápel', si bien, con la particularidad de que lo habían hecho de forma verbal», destacando el caso de Siosa, «que nombra a Federico Fresneda como el interlocutor con quién se pactaron las condiciones por 'rápel'».
Tras valorar además que, en algunos de los contratos aportados, «se reseñaba que por parte de los proveedores debía hacerse efectivo el pago del 'rápel' mediante 'talón'», los agentes enumeran los pagos realizados por los proveedores a UGT-A entre 2005 y 2014 y destaca que Karonte «realizó pagos a UGT-A en concepto de 'rápel' por importe de 956.848,59 euros».
Sobre los porcentajes de 'rápel' pagados, destaca que en el caso de Karonte llegaron al 20% de la facturación y en el caso de Siosa al 13%.
Los agentes destacan «un significativo descenso de las cantidades bonificadas en concepto de 'rápel' precisamente a partir de 2013″, un «repentino descenso que coincide con la aparición en varios medios de comunicación de ámbito nacional en el primer trimestre de 2012 de noticias que abundaban en la supuesta financiación irregular de UGT-A».
«Una vez este asunto fue público, la práctica de 'rápel' disminuyó hasta una quinta parte que la del año inmediatamente anterior, y si comparamos con años anteriores esa proporción es aún mayor», subraya el atestado, agregando que «este descenso y tal diferencia podría coincidir con el 'rápel' ordinario y real –como práctica habitual contable– y el 'rápel' practicado artificialmente de cara a justificaciones irregulares».
Facturación a la carta
A su juicio, «esta actividad habría cesado de realizarse al hacerse pública la supuesta gestión irregular».
En el atestado, los agentes llaman la atención igualmente sobre «las irregularidades en la confección de facturas» por parte de los proveedores «de confianza» del sindicato, y destacan además que «en algunas ocasiones recibían instrucciones muy precisas de cómo realizar las facturas, incluyendo fechas, conceptos y cantidades, llegando a aparentar una verdadera 'facturación a la carta' que no podía guardar relación alguna con la estructura lógica comercial servicio-albarán-factura-pago».
«La situación es aún más flagrante cuando entre estas comunicaciones se denota cómo, en ocasiones, las proveedoras recibían transferencias que al no tener concepto no sabían a qué servicio o factura correspondían, con lo que no le resulta posible el cálculo del 'rápel'», aseveran los agentes, que señala como ejemplo el caso de Lienzo Gráfico, «del cual se ha constatado la existencia de cuatro apuntes de fecha 31 de diciembre de 2010 en los que se indica como concepto 'factura rectificada, rectificación de la factura por IVA aplicado incorrectamente».
En el caso UGT-A, el juez mantiene imputadas a un total de 18 personas, entre ellas los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.