La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha imputado en la causa y ha citado a declarar a partir del 23 de marzo a otras 34 personas por las ayudas concedidas a personas y empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre los que se encuentran tres exalcaldes socialistas de las localidades de El Pedroso, El Real de la Jara y Guadalcanal. De esta forma, la causa alcanza ya los 265 imputados.
En un auto, la juez amplía además la imputación a los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, y José Enrique Contreras, gerente del IFA en Sevilla entre los años 2002 y 2004, a todos los cuales cita a declarar el 7 de abril.
Así, y en virtud del atestado de la Guardia Civil sobre las ayudas concedidas a beneficiarios vinculados con la Sierra Norte, «cuyo denominador común es la ausencia de procedimiento, carentes en la mayor parte de los casos de la solicitud y de documentación justificativa», imputa a 34 personas, entre ellas al exalcalde socialista de El Pedroso Antonio Diana Expósito, quien «habría recibido, sin mediar solicitud alguna, de forma ilegítima, una subvención por importe de 60.000 euros, al parecer para la ampliación de una gasolinera de la que era concesionario».
Según la juez, el exprimer edil «podría haber regalado» a Guerrero «en compensación» por esta ayuda un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión instaladas en un BMW Q-5, «presunta dádiva» por la que amplía la imputación del exdirector de Trabajo al considerar que «integraría el delito de cohecho en continuidad delictiva que ya le fue imputado».
Alaya también imputa en la causa al exalcalde socialista de Guadalcanal y presidente de la cooperativa Almazara de Guadalcanal Carmelo Montero Cabezas, quien «obtendría, dadas sus importantes relaciones de amistad con los responsables de la Consejería de Empleo e IFA, una subvención de un millón de euros sin efectuar siquiera la mera solicitud ante la Administración y sin presentar la documentación acreditativa del proyecto u obra».
La juez imputa además al exprimer edil de Guadalcanal por su «activa participación» en la concesión de 2,1 millones en ayudas a Refractarios Sevilla/Refractarios Guadalcanal/Refractarios Andalucía. Según Alaya, Carmelo Montero «asistiría a diversas reuniones con los empresarios, asistiendo también» el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, «del que era muy amigo», y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Reuniones con Viera y Guerrero
El exalcalde «influiría decididamente para la concesión de las ayudas referidas a cada una de las empresas, pese a que debía conocer que no existían bases reguladoras para el otorgamiento de las mismas, no solo por razón de su cargo, sino porque a la cooperativa que presidía, a finales de 2003, le fue también concedida una subvención de un millón carente como las de las empresas de Refractarios del más mínimo trámite procedimental».
Igualmente, la magistrada imputa al que fuera alcalde socialista de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez, quien, «por razón de dicho cargo, tendría oportunidad de reunirse en diversas ocasiones con Guerrero y con Viera, así como con los demás alcaldes de la zona, y de esta forma conocer que se daban en la Consejería de Empleo subvenciones a empresas sin bases reguladoras».
De esta manera, y junto a su esposa y socia de la empresa, Rosario Parrado Gallego, a quien también imputa, acudieron a un a entrevista con Guerrero para pedirle una subvención, obteniendo finalmente una ayuda de 120.000 euros «que sin embargo no llegó a pagarse por IDEA al no mediar convenio».
Pasajes de avión a Menorca para Guerrero y su esposa
«Al no obtenerse el pago de esta ayuda, para igual fin se entrevistaron con el director de Trabajo Juan Márquez, reunión en la que estuvo presente Antonio Rivas, concediéndole Márquez una ayuda sociolaboral el 24 de noviembre de 2009 por importe de 50.000 euros… procediéndose a su pago entre enero y noviembre de 2010″.
Asimismo, la juez imputa a los copropietarios del Hotel La Posada del Moro, ubicado en Cazalla de la Sierra, Juan Martínez Sevilla, Lucía Piñero Marrón y Julia Piñero Marrón –esta última también concejal por el PSOE del Ayuntamiento de Cazalla–, quienes solicitaron a Guerrero en 2003 la concesión de una ayuda para el referido establecimiento, que fue otorgada en diciembre de 2003 por importe de 450.759 euros.
«No existió solicitud formal, documentación justificativa del proyecto subvencionable, ni de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social», asevera Alaya, quien relata que el 17 de octubre de 2006 le sería concedida una segunda ayuda por importe de 450.000 euros, mientras que una tercera ayuda en 2009 fue solicitada por la hija de Julia, Sandra Caballero –también imputada– «para la amortización de un préstamo de la empresa».
Anotación la palabra 'Viera'
Respecto de esta última ayuda, dice la juez que «en la documentación de la Dirección de Trabajo figura una anotación en la que reza al margen, 'Viera', como si su concesión hubiese sido a instancias del mismo, lo mismo que en el caso de la SAT Virgen del Espino», mientras que respecto de las ayudas de 2003 y 2006, los imputados «regalaron a Guerrero y su mujer los pasajes de avión a Menorca y se alojaron en casa de un familiar de los primeros».
La juez también imputa a los responsables de otras empresas que recibieron ayudas irregulares, como 'Atarazanas de Constantina', 'Gestión Turística del Sur', 'Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico', 'Virgen de Belén', 'Pema, jamones y embutidos', 'Tialna', 'Corsevilla', 'S.C.A. Virgen del Robledo', 'El Olivar de los Infantes S.L.', 'Dehesa Navera', 'Vivir el barro', 'Andalucine' o 'Producciones Barataria'.
En el auto, además, la juez cita para el próximo 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen el informe en el que cuestionan el uso «indebido» del «inadecuado concepto» de las transferencias de financiación por parte de la Junta para dar subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L.
En este sentido, Alaya solicita al Tribunal Supremo una copia del informe pericial aportado por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, en el que dos catedráticos de derecho tributario analizan el uso de las transferencias de financiación, informe que dice haber conocido «a través de la prensa».
No hay prescripción
Hay que destacar que, en el auto y en relación a la Sierra Norte, la juez defiende que, «aunque es» en el atestado entregado por la UCO donde «han quedado nominalmente identificados» los beneficiarios de las ayudas, «la prescripción ya habría quedado interrumpida según consagrada doctrina del Constitucional, por la existencia de actos de interposición o de dirección judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito», recordando en esta línea la imputación judicial de Guerrero el 7 de marzo de 2012.
Por último, Alaya acuerda incoar nuevas diligencias previas en relación al convenio firmado en diciembre de 2009 por la Junta y la agencia IDEA por importe de 36,1 millones para el desarrollo y seguimiento de los proyectos de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todo terreno, pues podría haberse incurrido en delitos de prevaricación, falsedad y malversación.