El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha solicitado al Ministerio de Industria que se tome «el tiempo técnicamente necesario» para adjudicar las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y considera que las «prisas» con las que gestionó ENRESA el proyecto y el concurso de adjudicación iban a «conducir a unos sobrecostes importantes de introducir incertidumbres en la estabilidad estructural del almacén».
En un comunicado, los geólogos recuerdan que el ATC «es un proyecto estratégico con una vida útil de 100 años, por lo que es necesario tomar todas las medidas técnicas necesarias para asegurar su estabilidad estructural».
El ICOG cree, además, que la adjudicación de la contratación del ATC debe realizarse de acuerdo con los requerimientos previos que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear. «Los estudios geotécnicos realizados hasta la fecha, indican que, si no se realizan el proyecto constructivo con calma y analizan todos los riesgos geotécnicos, pudieran producirse sobrecostes importantes en la obra por la presencia de suelos con carstificación y disolución de yesos, de arcillas expansivas y de zonas inundables».
Asimismo, el Colegio de Geólogos cree que debería realizarse un análisis del coste y beneficio sobre la ejecución del proyecto en Villar de Cañas o «alternativamente investigar otras opciones más favorables desde el punto de visto geológico».
En opinión de los colegio profesional, el «incumplimiento» de los criterios geológicos va hacer muy complejo que el proyecto del ATC se adjudique en esta legislatura. «Pretender que el proyecto y adjudicación de la obra, sea aprobado en una legislatura, impiden que se hayan realizado los adecuados estudios geológicos y geotécnicos, que minimicen o eliminen posibles reformados en las obras», según estima el ICOG.
En ese sentido, recuerda que los reformados de los proyectos fueron una «práctica demasiado habitual» en España durante las últimas décadas y «muy criticada» por los organismos de la Unión Europea. «Múltiples obras de infraestructura se han adjudicado sin los adecuados estudios geológicos previos, lo cual ha generado sobrecostes de más del 30% sobre el presupuesto inicial», ha concluído la institución.
Para el PSOE, el cese del presidente de Enresa es una bofetada a Cospedal
El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha señalado este viernes que el cese de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa es «una bofetada» a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que fue la que lo puso ahí y por eso ahora «tiene que dar muchas explicaciones».
Hernando, que se ha reunido en Toledo con el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha criticado que Cospedal pusiera al frente de Enresa «a una persona que no tenía los conocimientos para asumir la responsabilidad de presidir una empresa tan importante», aunque ha destacado que «gracias a las denuncias y la presión del PSOE, Gil-Ortega ha sido cesado y el nombramiento de Cospedal desautorizado».
A su juicio, el cese de Gil-Ortega «no es una casualidad» y su gestión «está en entredicho, es dudosa, genera muchas dudas» y por eso el PSOE va a pedir una auditoría sobre la gestión del expresidente de Enresa al frente de la empresa pública, convencido de que «están en cuestión todos los contratos y precontratos» que se han firmado en relación al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
Los socialistas quieren «que se aclare con qué empresas se han firmado los contratos, que se sabían que estaban abocados al fracaso porque ese ATC no se podía construir en esa ubicación», y por ello han pedido también, como ha recordado, las comparecencias del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; y la del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, para que expliquen «la actuación con Enresa y el ATC».
Hernando, que sobre el nuevo presidente de Enresa, Juan José Zaballa, se ha limitado a decir que «ya veremos a ver», ha insistido en que «todo el mundo sabía» que Gil-Ortega, no solo no tenía «ninguna experiencia en el ámbito nuclear» sino que era «una imposición de Cospedal, por interés» y ahora, al verse la dirigente del PP «salpicada por ese cese, tiene que dar muchas explicaciones».
Sobre este asunto también se ha manifestado el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, que ha visto «todo muy sospechoso» y se ha mostrado convencido de que «esto se tiene que aclarar» y «con urgencia» porque «mucho antes de que hubiera ningún residuo radiactivo ya había radioactividad en Villar de Cañas».
En su opinión, los 'populares' tienen con este asunto «un motivo extraordinario para presumir de transparencia», y por ello ha confinado en que «puedan presentar todos los contratos antes de que se presente en las Cortes regionales la tan cacareada Ley de Transparencia».