Las explicaciones llegan sin prisa. La constancia de los ataques a tres meses de las elecciones ha hecho del efecto sorpresa, rutina, sin más algarabío que la espera de que pronto se conozca el nombre del candidato. La Comunidad de Madrid explica en una lección cuasi dirigida a personas en clases de apoyo (“refuerzo” desde que la ESO es ESO) y tras cuatro días desde que saltara la noticia, que el Ejecutivo no ha pagado a los jueces y fiscales ninguna prima ni dieta.
El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, ha asegurado que la empresa Indra ganó el concurso público para desarrollar una aplicación judicial que facilitara y agilizara la labor de la Justicia, recordando que así lo exigía la Ley estatal del 5 de julio de 2011 sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en virtud en la Administración de Justicia. “En los pliegos de condiciones del concurso se le pedía (a la compañía ganadora) que contara con los usuarios de la aplicación -explica Victoria-. La empresa, que ha contado con la colaboración de jueces y magistrados, una vez terminado el trabajo, ha abonado las cantidades”.
El diario El País publicó el pasado domingo que fueron los propios jueces quienes, tras licitar Esperanza Aguirre el concurso a finales de 2011, exigieron a Indra percibir unas retribuciones por sus tareas. El periódico explica que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid eligió el personal jurídico que participó en el proyecto el 20 de diciembre de 2011. “Ellos mismos los han designado, no nosotros, y en relación a esas horas y días de trabajo hay un retribución”, aseguran desde el Ejecutivo regional. Los pagos rondaban entre los 400 y 600 euros al mes. Preguntado por si considera que podría haber una cuestión de incompatibilidad con la separación de poderes en que los jueces reciban estas cantidades, Victoria ha dicho: “Es una cuestión ajena a la Comunidad de Madrid”.
El portavoz del gobierno regional ha insistido en que este suceso no sólo se da en la Comunidad madrileña, sino en todas las comunidades autónomas: “Es un deber contar con los usuarios”. Y considera “impresentable” que se ponga en duda la independencia judicial porque participen en el desarrollo de una aplicación.