El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en relación a unos servicios que la empresa de Alejandro de Pedro, considerado como uno de los 'conseguidores' de contratos a favor de la trama desarticulada a través de la 'Operación Púnica', prestó para el club blanco.
En un comunicado oficial publicado en la página web, el Real Madrid detalló el viernes que la citación de Florentino Pérez como testigo estaba relacionada con los servicios prestados al club durante un año por una empresa de estudios analíticos en el ámbito digital propiedad de Alejandro de Pedro, imputado en la 'Operación Púnica'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como testigo este lunes, día 2, al también presidente de la constructora ACS en relación con la parte del procedimiento que se encuentra bajo secreto de sumario. En esta causa se investigan las actividades de la red de corrupción 'Púnica' que presuntamente lideraba el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados.
El juez Velasco relaciona al empresario e informático valenciano Alejandro de Pedro, que administra una empresa de posicionamiento on line implicada en este caso, con el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. El magistrado ordenó su ingreso en prisión provisional el pasado 30 de octubre al considerar que existía un riesgo «objetivo» de que pudiera destruir pruebas o de «influenciar o presionar» sobre testigos y computados.
El magistrado decretó después su puesta en libertad con la condición de que prestara una fianza de 50.000 euros, lo que así hizo el pasado 24 de diciembre, aunque el pasado día 13 de febrero la Audiencia Nacional ordenó que se le devolviera la fianza tras el recurso de su defensa en el que alegaba que no existía riesgo de fuga.
En el auto por el que el juez Velasco decretaba el ingreso en prisión de Alejandro de Pedro se señala que el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, le concedió contratos en la estación de esquí de San Isidro «a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León».
Además, el presidente de la Diputación leonesa «tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude», decía el juez.
«Cabeza» del entramado
El magistrado aseguraba que el empresario es la «cabeza» de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, uno de los cabecillas de la red junto al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. «Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares», precisaba.
Velasco considera que estos «trabajos» le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían «la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros» en lugares como Murcia, León y Madrid.
Redes clientelares en Ayuntamientos
Según los autos de prisión de Velasco, las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno a Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Granados formaba parte de «una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada».
La resolución judicial también apuntaba que las «autoridades municipales» detenidas –entre los que se encontraba el alcalde de Parla José María Fraile (PSOE)– «se plegaron a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos».
Organización criminal
A los detenidos se les imputan once delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, por formar «una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos».
También se adjudicaban, según el juez, «aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de las autoridades públicas, actúan en beneficio de personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama».