Dos meses después de la muerte de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por Dignidad y Justicia y la asociación Víctor Cotobal y abrir una investigación sobre un posible delito de enaltecimiento del terrorismo en el funeral del etarra, quien fuera secuestrador de José Antonio Ortega Lara y que falleció el pasado 16 de enero víctima de un cáncer terminal.
Según las dos asociaciones demandantes, en el funeral celebrado el pasado 17 de enero en Arrasate, los familiares y amigos de Bolinaga rindieron tributo a su figura y reclamaron el fin de la dispersión de los presos de ETA.
El juez Velasco pide a la Guardia Civil y a la Ertzaintza que remitan un informe sobre la existencia o no de «incidentes» en el sepelio de Bolinaga que pudieran ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo. En caso de que hubiesen elaborado un atestado sobre estos hechos, pide que lo remitan al juzgado.
El funeral civil de Bolinaga tuvo lugar en su ciudad natal el fin de semana siguiente a su fallecimiento y contó con la presencia de cientos de personas, entre ellos varios expresos de ETA. Uno de ellos, Enrique Letona, intervino en el sepelio para denunciar la política penitenciaria del Gobierno. Otro de los que estuvo presente fue Jesús María Zabarte, conocido como el 'Carnicero de Mondragón', así como el exrecluso Jon Agirre Agiriano, que se encontraba entre quienes portaban el féretro. También acudieron el histórico dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, y el alcalde de Arrasate, Inaxio Azkarragaurizar, de Bildu.
El sepelio concluyó con los presentes entonando el 'Eusko Gudariak' -el himno al soldado vasco-. En los alrededores del parque Aldai aparecieron pintadas de anagramas con los símbolos de ETA, el hacha y la serpiente.
Bolinaga estaba fuera de prisión a causa del carácter terminal que padecía desde septiembre de 2012 por decisión de la Audiencia Nacional. Poco antes el Gobierno le había concedido, por el mismo motivo, el tercer grado penitenciario, una medida que enfrentó al Ejecutivo con las asociaciones de víctimas.